El expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez volvió a encender la pugna política en Colombia este 27 de diciembre de 2025 al criticar con dureza al presidente Gustavo Petro tras la inscripción del comité promotor de una Asamblea Nacional Constituyente ante la Registraduría Nacional del Estado Civil en Bogotá. La iniciativa, impulsada por un grupo de nueve ciudadanos acompañados por el ministro de Trabajo Antonio Sanguino, abre formalmente la fase de recolección de firmas para buscar un cambio constitucional mediante un mecanismo plebiscitario.
Según la comunicación de Uribe en su cuenta de X (antes Twitter), la acción tiene motivaciones que, a su juicio, van más allá de la reforma institucional: calificó la propuesta de constituyente como una “estrategia electoral” del Gobierno Petro para reconfigurar el panorama político de cara a los comicios de 2026, en detrimento de la normativa vigente y del debate legislativo tradicional.
El líder político —y figura dominante de la derecha colombiana durante más de dos décadas— también cuestionó que el presidente **utilice escándalos recientes y situaciones críticas del país para “tapar los robos” y otras controversias que, según él, afectan la gestión estatal. Entre las críticas públicas de Uribe se encuentran señalamientos sobre el manejo de recursos públicos, el aumento de hechos violentos como masacres y secuestros durante 2025, y supuestas fallas en sectores como salud y educación.
Por su parte, el Gobierno Nacional ha defendido la inscripción del comité promotor como un paso formal para activar el mecanismo constitucional que permita convocar a la ciudadanía a decidir sobre la convocatoria a una Asamblea, considerada por la administración Petro como una forma de “desbloquear reformas estructurales” y responder a limitaciones institucionales que, según el Ejecutivo, frenan cambios profundos en temas legislativos.
El comité deberá, en próximas semanas, comenzar la recolección de millones de firmas —más de tres millones según la Ley— para que la iniciativa pueda avanzar al Congreso y, eventualmente, a una consulta popular. Este proceso ha generado un intenso debate público y político, situándose como uno de los temas más relevantes del calendario político colombiano en 2025 y de cara a las elecciones de 2026.