Un informe de riesgo del año 2024, conocido recientemente, reveló que el senador Miguel Uribe Turbay había advertido desde entonces sobre las amenazas que recibía de parte de grupos armados ilegales como las Disidencias de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo y otros actores criminales.
El documento, radicado ante la Unidad Nacional de Protección (UNP), detalla que Uribe solicitó reforzar su esquema de seguridad al considerar que su posición como líder de la oposición y precandidato presidencial lo ponía en alto riesgo.
“Las mismas personas que mataron a mi mamá hoy tienen poder”
En el estudio de riesgo, Uribe manifestó que su nivel de vulnerabilidad había aumentado considerablemente. “Se siente en alto riesgo debido a que las mismas personas que mataron a su mamá y atacaron a su familia son quienes hoy gobiernan o tienen más capacidad y control en el país”, señala el informe.
El senador también recordó que ha sido víctima indirecta del accionar de organizaciones como el M-19 y el narcotráfico, al ser hijo de Diana Turbay, asesinada en un operativo fallido mientras estaba secuestrada por el cartel de Medellín, y familiar de víctimas de las FARC.
Amenazas constantes y esquema de protección limitado
El senador señaló que desde hace años ha sido blanco de amenazas constantes a través de redes sociales, así como agresiones verbales en espacios públicos. Afirmó que se le ha intentado callar tanto a él como a su familia, incluso utilizando noticias falsas que buscan vincular a sus parientes con el narcotráfico.
Uribe también denunció que, pese a contar con un equipo de seguridad de cuatro escoltas y tres conductores, su esquema resulta insuficiente, especialmente durante las noches, cuando suele quedar con solo dos personas de protección activa.
Petición ignorada por la UNP
En el informe se deja constancia de que, desde abril de 2024, Miguel Uribe solicitó formalmente el fortalecimiento de su esquema de seguridad a la UNP, encabezada por Augusto Rodríguez, dado su papel como precandidato presidencial y el contexto de amenazas crecientes.
La falta de respuesta oportuna por parte de las autoridades de protección vuelve a ser tema de debate público, especialmente en medio de la reciente ola de violencia que afecta a líderes políticos y sociales en varias regiones del país.