Bogotá, 7 de febrero de 2026 — La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) recomendó oficialmente al presidente de Colombia, Gustavo Petro, la declaratoria de emergencia económica, social y ambiental para enfrentar las consecuencias del frente frío que afecta el país desde finales de enero. La medida, acordada en una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, responde al impacto acumulado de las intensas lluvias, inundaciones y otros eventos asociados que han sobrepasado la capacidad de respuesta institucional.
Fenómeno climático sin precedentes y daños asociados
Desde el 31 de enero de 2026, un sistema de frente frío de origen ártico ha generado condiciones climáticas atípicas en Colombia, caracterizadas por lluvias intensas y persistentes que no se habían observado en años recientes fuera de los efectos del fenómeno de La Niña. Estas condiciones han provocado inundaciones, crecientes súbitas, deslizamientos y otros impactos en múltiples regiones del país, especialmente en el Caribe, Pacífico y zonas de la región Andina.
Este comportamiento climático extremo ha producido más de 100 emergencias en 84 municipios de 14 departamentos, dejando cerca de 43.900 familias afectadas, según el balance oficial presentado durante la reunión del comité de riesgo.
Impacto humano y territorial
Los departamentos más golpeados incluyen Córdoba, Cauca, La Guajira, Antioquia y Nariño, con Córdoba como el epicentro de la emergencia, donde se concentra gran parte de los damnificados. Además de las pérdidas de vivienda y cultivos, hay reportes preliminares de viviendas destruidas y comunidades aisladas por inundaciones, lo que ha elevado la complejidad de las labores de atención.
Organismos de asistencia y la Fuerza Aérea Colombiana han movilizado toneladas de ayuda humanitaria, incluidos kits de asistencia de emergencia, para aliviar las necesidades básicas de las familias más afectadas.
¿Por qué una emergencia económica, social y ambiental?
La UNGRD argumenta que la magnitud de los daños supera la capacidad presupuestal y operativa del Estado para responder de manera ordinaria, y que la declaración de emergencia permitiría activar recursos adicionales, agilizar procesos de respuesta y garantizar atención integral a los afectados.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro anunció que impulsará esta declaratoria y solicitó formalmente a la Corte Constitucional que levante la suspensión que pesa sobre un decreto de emergencia económica emitido en diciembre de 2025, con el fin de fortalecer la respuesta del Gobierno ante la crisis climática y sus efectos acumulados.
Debates políticos y jurídicos
La propuesta de declarar emergencia ha generado un debate político en torno al uso de poderes extraordinarios por parte del Ejecutivo. Algunos sectores han cuestionado la constitucionalidad de estas medidas y su aplicación en contextos que no siempre cumplen con criterios de imprevisibilidad estricta. Sin embargo, las autoridades argumentan que las condiciones climáticas actuales —intensas, prolongadas y sin precedentes recientes— justifican plenamente el uso de esta figura excepcional.
Pronóstico y próximos pasos
De acuerdo con las alertas del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), se espera que las lluvias continúen en varias regiones del país, lo que podría agravar aún más la situación si no se cuenta con recursos y mecanismos de respuesta más amplios. La declaratoria de emergencia económica, social y ambiental sería un paso adicional para garantizar financiación, coordinación interinstitucional y capacidad operativa reforzada en la atención de las consecuencias del frente frío.
