El 27 de noviembre de 2025, en medio del escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), su director actual, Carlos Carrillo, afirmó ante medios radiales que entre los años 2018 y 2023 ingresaron “17 billones de pesos que no se ven” a la UNGRD.
Carrillo denunció que esos recursos —a pesar de haber sido asignados presupuestalmente a la entidad— no fueron efectivamente ejecutados, o al menos no quedó evidencia visible de su uso. Según el funcionario, se trata de fondos que deberían haberse empleado en obras, proyectos de mitigación de riesgos, atención de emergencias y reconstrucción tras desastres, pero simplemente “no se ven”.
Este señalamiento surge en el contexto del proceso judicial abierto contra dos exministros de alto perfil —Ricardo Bonilla (exministro de Hacienda) y Luis Fernando Velasco (exministro del Interior)—, acusados por la Fiscalía por su presunta participación en la trama de desvío de recursos de la UNGRD.
Según Carrillo, parte del problema radica en que los mecanismos de control y supervisión internos de la entidad fueron quebrados o inutilizados por administraciones anteriores, lo que permitió que contratos y recursos públicos —destinados a mitigación de riesgos, manejo de desastres y ayudas en emergencias— quedaran en “papel”, sin implementación real.
En su denuncia, Carrillo también señaló al Fondo de Adaptación como una pieza clave en ese entramado de corrupción. Asegura que desde esa dependencia se habrían direccionado contratos y recursos de manera irregular hacia personas vinculadas políticamente, lo que agrava la magnitud del escándalo.
En cuanto a la cantidad de recursos involucrados, esos 17 billones de pesos representan el presupuesto asignado en varios años, pero —según Carrillo— su ejecución real es, hasta ahora, incierta o inexistente. Por eso ha pedido que la UNGRD sea reconocida en los procesos judiciales como “víctima” de ese desfalco institucional.
El impacto de estas revelaciones es profundo: pone en duda la credibilidad de la gestión del riesgo en Colombia, plantea cuestionamientos sobre el uso eficiente de fondos públicos destinados a emergencias y desastres, y reabre el debate sobre la corrupción estructural en entidades clave del Estado vinculadas con la protección de comunidades vulnerables. Además, la denuncia coincide con un momento político sensible, pues los exministros implicados son figuras de peso, lo cual puede implicar consecuencias judiciales y políticas.
La afirmación de Carrillo no solo señala negligencia o malos manejos, sino un posible saqueo sistemático de recursos públicos destinados a la prevención y atención en un país frecuentemente afectado por desastres naturales —lo que, de confirmarse, representaría un grave retroceso para miles de comunidades vulnerables.