La reciente tragedia ocurrida en el sector de la costa pacífica de Tumaco, donde el choque de dos lanchas dejó como saldo siete personas fallecidas, enluta no solo a sus familias sino a toda la región. No se trata de un hecho aislado ni de una fatalidad inevitable: es, una vez más, la consecuencia de una cadena de omisiones, irresponsabilidades y fallas estructurales que desde hace años se repiten en el transporte marítimo de nuestra costa.
En ese sentido, duele decir, que cada vez que se registra uno de estos hechos lamentables, siempre toca hablar de lo mismo, pero se trata de palabras que se las lleva el viento, puesto que poco se hace para remediar las condiciones de inseguridad, como lo podemos ver en el trágico episodio que hoy enluta a nuestro departamento de Nariño.
En efecto, cada tragedia en el mar suele venir acompañada del mismo recuento alarmante: embarcaciones con sobrecupo, lanchas en mal estado, ausencia de chalecos salvavidas, exceso de velocidad, navegación nocturna sin señalización adecuada y controles insuficientes por parte de las autoridades. Se denuncia, se lamenta, se promete actuar… y luego el tiempo pasa hasta que otra tragedia vuelve a recordarnos lo que no se hizo.
La gravedad de lo ocurrido en Tumaco adquiere aún mayor relevancia cuando se aproxima la temporada de Semana Santa, una de las épocas de mayor movilidad de pasajeros por vía marítima en el Pacífico colombiano. Miles de personas se desplazan hacia comunidades costeras y zonas rurales, muchas veces confiando su vida a embarcaciones que no cumplen con las mínimas condiciones de seguridad. Por lo tanto, en este contexto, la prevención no puede seguir siendo un discurso de ocasión, sino una política efectiva y permanente, en desarrollo de las cuales se pongan en marcha acciones que, en realidad, garanticen la seguridad de los viajeros.
Es urgente incrementar y fortalecer las medidas de control antes y durante esta temporada. Las autoridades marítimas y locales deben garantizar inspecciones rigurosas, impedir la salida de embarcaciones con sobrecupo, verificar el estado técnico de las lanchas y exigir, sin excepciones, el uso de chalecos salvavidas para todos los pasajeros. La vida humana no puede quedar supeditada a la improvisación ni a la presión económica de “hacer un viaje más”, pero que puede ser el último, ante las precarias condiciones de inseguridad que suelen caracterizar el transporte fluvial, en la zona de la costa Pacífica de Nariño.
Pero la responsabilidad no recae únicamente en el Estado. Los propietarios de las embarcaciones y los pilotos deben asumir con seriedad su deber de proteger a quienes transportan. Asimismo, los usuarios también tienen un papel fundamental: negarse a abordar lanchas en condiciones inseguras es un acto de autoprotección y de conciencia colectiva. En el primero caso, los transportadores deben ser responsables con los viajeros y, no pensar solo en su lucro económico; en el segundo, los pasajeros tienen el derecho de exigir embarcaciones en buen estado y dotadas de los elementos tendientes a proteger la integridad física de quienes se movilizan en las mismas.
Las siete vidas perdidas en Tumaco no pueden convertirse en una estadística más, sino como un suceso que nos debe mover a intensificar las medidas de seguridad. Ello, es la mejor manera para honrar la memoria de estas recientes víctimas: actuar con decisión para que el mar deje de ser escenario de tragedias anunciadas. La prevención salva vidas, y hoy, más que nunca, es una obligación moral ineludible.
