Por Ricaurte Losada Valderrama
He insistido en estas columnas en que, del cumplimiento de los derechos, así como de los deberes, depende la vida de todos los seres humanos -aquí y en cualquier parte del planeta-. Es justamente lo que manera ordinaria no hacemos en Colombia, razón por la cual, vivimos en guerra, entre otras graves consecuencias.
En nuestro medio, generalmente y con pocas excepciones, cada cual anda por su lado y a ésta realidad, que de suyo es preocupante, se aúna algo verdaderamente grave: que las instituciones estatales, también generalmente actúan de manera aislada e independiente, es decir que no hay coordinación interinstitucional para el cumplimiento de la funciones centrales, que de manera particular corresponde a cada una de ellas, mucho menos en cuanto respecta a todas y, particularmente a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a las personerías, velar por la promoción, defensa y protección de los derechos y de los deberes, además de que ésta obligación nos corresponde a todos.
Esbozada esquemáticamente esta situación, se requiere en Colombia de una escuela de promoción, formación y capacitación constante sobre los derechos humanos, o en todo caso, que se le llame como se quiera, pero que cumpla esta función, sin la cual continuaremos prolongando la patria boba en que seguimos viviendo, después de 200 años de estarla padeciendo.
Pero el organismo que propongo no es para generarle al Estado y, por lo tanto, a los colombianos, más cargas económicas, además de las que ya tenemos altamente improductivas por la existencia de una burocracia politiquera y parasitaria.
Se trata de que haya un organismo pequeño, encargado de la coordinación interinstitucional, con facultades eso si para obligar a cada dependencia del Estado a cumplir cabalmente y de manera coordinada con todas las restantes instituciones, la promoción, defensa y protección de los derechos humanos, dependencia que debiera tener asiento en el alto gobierno, o lo que es lo mismo, en el Consejo de Ministros, pero, reitero con un director y una planta de personal que no es necesario que pase de unos 20 funcionarios, porque lo importante y decisivo es, lo reitero también, la coordinación interinstitucional que en la actualidad no se ejerce y que hace que cada dependencia estatal ande como rueda suelta, sin la coordinación indispensable en esta vital materia para la vida y para el cumplimiento de los derechos y de los deberes.
Lo propuesto implica que el organismo que se insinúa, de manera simple pero ejecutiva promueva y haga ejecutar la capacitación, primero de los funcionarios públicos que tienen deberes relacionados directamente con los derechos humanos, para que a través de ellos se realicen en cada municipio, distrito, corregimiento e inspección, cursos de capacitación y talleres permanentes a través de los cuales se forme primero a los líderes en derechos humanos y, luego, a toda la comunidad, a través de ellos y de la ayuda y el monitoreo de los funcionarios públicos.
Además, que la dependencia que propongo tenga como función también el monitoreo y el control para la formación y capacitación que en derechos humanos se les da a los estudiantes en todos los niveles educativos.
PD. Al habérseme concedido audiencia pública por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recupero el optimismo en que se hará justicia conmigo.
@ricaurtelosada