Una deuda rural
Campesinos reclaman oportunidades para sembrar y producir.
Redacción Extra
El sol cae con fuerza sobre la Altillanura metense. Mientras enormes tractores
avanzan sin detenerse entre extensos cultivos de soya, maíz y arroz, muchos
campesinos del Meta continúan recorriendo caminos de polvo con la esperanza
de algún día tener una parcela propia. La escena, cada vez más común en
Puerto Gaitán, ha despertado inquietudes entre habitantes de la región,
quienes sienten que el acceso a la tierra sigue siendo una deuda histórica para
quienes han vivido y trabajado durante décadas en el departamento.
En contraste con las dificultades que enfrentan numerosas familias rurales para
acceder a predios productivos, la comunidad menonita, establecida en Puerto
Gaitán desde 2016, logró consolidar una importante actividad agroindustrial. Su
crecimiento ha llamado la atención de líderes sociales, campesinos y
ambientalistas, quienes consideran necesario abrir un debate sobre el acceso a
la tierra, el desarrollo rural y la protección ambiental en el Meta.
Tierra
Según explicó el divulgador ambiental Edwing Gutiérrez, la comunidad
menonita llegó procedente del estado de Chihuahua, en México. Está
conformada por cerca de 400 familias, conserva su idioma alemán bajo entre
sus integrantes y utiliza el español principalmente para actividades
comerciales. En pocos años desarrolló grandes cultivos y una producción
agroindustrial que hoy tiene presencia en distintos mercados del país.
Sin embargo, el crecimiento de este modelo también ha despertado
interrogantes entre sectores comunitarios. De acuerdo con Gutiérrez, diferentes
análisis estiman que los menonitas pasaron de no poseer tierras en Colombia a
controlar entre 29.000 y 38.000 hectáreas en la Altillanura metense. El
ambientalista también señaló que, presuntamente, durante la adecuación de
algunos terrenos fueron intervenidas áreas de bosque de galería, ecosistemas
considerados fundamentales por su función de conectar la Amazonía con la
región Andina.
Reclamo
La discusión no solo gira alrededor del ambiente. También involucra a
comunidades que desde hace años esperan respuestas sobre el acceso y la
formalización de la tierra. Parte de esos predios son reclamados por el
resguardo indígena sikuani de Barrulia, que sostiene un proceso ante las
autoridades desde 2017. Mientras tanto, las entidades competentes continúan
revisando la situación jurídica de esos territorios.
Para muchos campesinos metenses, el tema trasciende cualquier diferencia
cultural o religiosa. La preocupación radica en que cientos de familias aún no
cuentan con tierras para producir alimentos ni con recursos para adquirirlas,
mientras observan cómo grandes extensiones son explotadas con maquinaria y
tecnología.