La creciente ola de violencia cobró una nueva víctima, el sargento viceprimero Carlos Andrés Cisneros Maigual, natural de la ciudad de Pasto, Nariño, perdió la vida en un ataque armado perpetrado por grupos ilegales contra un bus de servicio público en zona rural de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá.
Según los reportes oficiales, el suboficial, perteneciente al Batallón de Despliegue Rápido (BADRE) del Ejército Nacional, se encontraba de tránsito hacia la ciudad de Bogotá a bordo de un vehículo de la empresa de transporte Contranscaqueta, que cubría la ruta San Vicente del Caguán – Bogotá. El bus fue interceptado e incinerado a solo dos kilómetros del puente Riecito, en la vía que comunica a ese municipio con Puerto Rico, en el mismo departamento.
Angustia
El ataque dejó incomunicado al militar con sus seres queridos durante varias horas, lo que generó una angustiosa espera. Finalmente, el comandante del Batallón de Infantería Caquetá (BICAZ), coronel a cargo de las operaciones en la región, confirmó la trágica noticia del fallecimiento del sargento viceprimero Cisneros Maigual, quien no logró sobrevivir al atentado.
La noticia golpeó con fuerza no solo a su familia, sino también a la institución militar y a la comunidad nariñense. El padre del uniformado y su esposa —quien también pertenece al Ejército Nacional con el rango de cabo— ya fueron notificados oficialmente del fallecimiento.
Presión
El Ejército Nacional lamentó profundamente la pérdida del suboficial, recordándolo como un militar ejemplar, comprometido con su deber y con una hoja de vida intachable. Su muerte ocurre en un contexto de creciente tensión en el sur del país, donde distintos grupos armados ilegales ejercen presión sobre la población civil y las fuerzas del orden.
Este ataque se suma a otros hechos violentos que han afectado gravemente la seguridad en la región del Caquetá, un territorio históricamente marcado por el conflicto armado y que, en los últimos meses, ha visto un resurgir de la violencia atribuida a disidencias de las FARC y otras estructuras ilegales. Las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes para dar con los responsables del atentado. Sin embargo, la comunidad y las organizaciones de derechos humanos han hecho un llamado urgente al Gobierno Nacional para redoblar esfuerzos en la protección de la vida de los ciudadanos, especialmente en corredores viales que se han convertido en puntos críticos de inseguridad.