El hecho de que vamos a tener unas elecciones al Congreso y a la Presidencia de la República, sin Ley de Garantías, se nos antoja un adefesio y una puñalada directa al corazón de nuestra Democracia.
De allí que nuestra sorpresa haya sido mayúscula con la aprobación por parte del Congreso de su eliminación, con el argumento de que la continuidad de esta Ley afectaría de manera grave, el proceso de reactivación económica que se vive en estos momentos en el país, luego de los estragos causados por la pandemia de Covid-19.
Naturalmente quien presentó esta controvertida propuesta, fue el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, la cual fue ‘encaletada” en el proyecto de Presupuesto General de la Nación y ¡claro está!, aprobada por el Congreso.
De esta manera, se cae de manera abrupta la prohibición que impedía a los servidores públicos celebrar contratos y convenios interadministrativos y de contratación directa a menos de cuatro meses para la realización de las elecciones.
«El Congreso de la República acaba de cometer un error monumental al eliminar una ley que precisamente fue concebida para blindar a nuestras elecciones de las acciones de los corruptos, quienes ahora podrán actuar de manera descarada en sus metas de trampear nuestros comicios de la peor manera. Por ello consideramos que es una verdadera lástima lo que acaba de ocurrir y lo que vendrá a raíz de este desatino».
Nos parece que con la eliminación de la Ley de Garantías se les despoja a nuestros procesos electorales, la coraza de acero que los protegía de las influencias políticas y de la corrupción. De esta manera, nuestros comicios han quedado indefensos y expuestos a toda clase de maquinaciones, ante los cuales la transparencia de las elecciones queda en entredicho y en alto riesgo de ser influenciadas por la corrupción y los malos manejos.
Lo grave de esta inesperada eliminación de la Ley de Garantías es que se presenta ya en plena campaña electoral y por lo tanto abre la puerta para que los recursos públicos sean utilizados para cometer toda clase de delitos electorales, como lo son la compra de votos, el constreñimiento al elector, con el cambio de arreglos o construcciones de escuelas, centros de salud o carreteras o sencillamente dinero en efectivo, todo esto a cambio de votos y más votos, lo que de una vez nos indica que a las elecciones que se avecinan no se les puede garantizar la transparencia que anhelaban las autoridades electorales.
En ese sentido, nos parece de extrema gravedad que una democracia como la nuestra, considerada como una de las más fuertes de Latinoamérica, quede de manera abrupta y por una inesperada votación expuesta a las nefastas acciones de los mercaderes de votos, de los corruptos y naturalmente de quienes como modernos caciques políticos suelen manipular las elecciones en las diferentes regiones del país.
Tristemente tenemos que decir que el pretexto dado para eliminar de un plumazo la ley de garantías, resulta una excusa baladí, sin envergadura. Es muy cierto que todavía nos encontramos en crisis a consecuencia de la pandemia de Covid-19, pero nos parece que Colombia no se va a detener por el hecho de que durante determinado tiempo, no haya inversión pública.
El golpe ha sido duro y por lo tanto, las críticas son considerables, puesto que la ausencia de la Ley de Garantías, lamentablemente se prestará para toda clase de trapisondas y prácticamente dejará sin opción a los candidatos que carezcan de los medios económicos oficiales.
Por ello, nos parece que el Congreso de la República, acaba de cometer un error monumental al eliminar una ley que precisamente fue concebida para blindar a nuestras elecciones de las acciones de los corruptos, quienes ahora podrán actuar de manera descarada en sus metas de trampear nuestros comicios de la peor manera. Por ello, consideramos que es una verdadera lástima lo que acaba de ocurrir y lo que vendrá a raíz de este desatino.