El 8 de diciembre de 2025, los ministros del Interior de los Estados miembros de la UE llegaron a un acuerdo sobre un nuevo reglamento de retorno (“Return Regulation”) para personas que estén de forma irregular en el bloque.
Entre las novedades figura la posibilidad de crear “centros de retorno” o “return hubs” en países fuera del territorio de la UE — es decir, centros donde podrían enviar a migrantes cuyo asilo fue rechazado, incluso si esos migrantes no tienen vínculos previos con esos países.
También se establecen reglas más estrictas para los migrantes irregulares: mayores periodos de detención, obligaciones de cooperar con las autoridades (identificación, datos biométricos, residencia o disponibilidad), retiro de permisos de trabajo o beneficios si no colaboran, y restricciones de ingreso futuro.
Además, se amplía la definición de “país seguro de origen/tercero seguro”, lo que facilita que solicitudes de asilo sean rechazadas si los solicitantes provienen de esos países.
Qué cambia respecto al sistema anterior
- Hasta ahora, las expulsiones o retornos de personas con estatus irregular eran limitados: solo alrededor del 20 % de las órdenes de retorno se cumplían efectivamente.
- Con la nueva regulación, la UE busca un sistema común de retorno: una “Orden Europea de Retorno” que permita reconocer órdenes de expulsión entre estados miembros sin reiniciar el proceso, y mecanismos más homogéneos.
- El cambio supone que los Estados miembros tendrán más herramientas para hacer cumplir decisiones de expulsión, incluso trasl adando personas a terceros países, no necesariamente de origen — una práctica regulada de forma clara por primera vez.
Qué críticas se han levantado — derechos humanos, riesgos y dudas
- Organizaciones defensoras de los derechos de migrantes advierten que los “centros de retorno” podrían convertirse en centros de detención prolongada, con condiciones precarias, y que la externalización de asilo podría vulnerar principios internacionales, como el “non-refoulement”.
- Algunos países miembro (por ejemplo, España y Francia) han expresado reservas — consideran que la medida es cuestionable en su eficacia, que puede ser difícil de mantener, y que la práctica de enviar migrantes a terceros países sin vínculo alguno es polémica.
- Críticos advierten que la reforma apunta más a la reducción de migración irregular que a la protección de refugiados, afectando potencialmente a personas que necesitan protección internacional.