El 9 de enero de 2026, el concejal Cristian Ferney Nieves radicó un derecho de petición ante la administración municipal de Villavicencio con el fin de obtener información sobre distintos aspectos de la gestión pública y decisiones administrativas que impactan a la ciudad. Este mecanismo es ampliamente utilizado por ciudadanos y funcionarios para solicitar información a las entidades del Estado, las cuales están obligadas por ley a responder dentro de plazos establecidos.
Solicitud
Según el cabildante, la Alcaldía no contestó la solicitud dentro del tiempo legal, por lo que decidió interponer una acción de tutela al considerar que se estaba vulnerando su derecho fundamental de petición y afectando su labor como concejal. Nieves argumentó ante el juez que el acceso a la información es esencial para ejercer el control político, una de las funciones principales de los concejales, quienes deben vigilar la gestión de los gobiernos locales y el manejo de los recursos públicos.
Tras analizar el caso, el juez concluyó que sí se vulneró el derecho de petición del concejal. En consecuencia, ordenó al Municipio de Villavicencio responder la solicitud en un plazo máximo de 48 horas después de la notificación del fallo. Además, la respuesta deberá ser clara, completa y de fondo, atendiendo cada uno de los puntos planteados. El fallo advierte que, si no se cumple la orden judicial, podrían iniciarse procesos por desacato contra los funcionarios responsables. Este tipo de decisiones reafirma la importancia de garantizar el derecho de petición como base de la democracia participativa en Colombia.
