El escenario político del municipio de Rivera dio un giro definitivo tras la decisión del Consejo de Estado, que decretó la pérdida de investidura del alcalde Luis Humberto Alvarado Guzmán. La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, revocó la sentencia del 19 de diciembre de 2024 emitida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Huila, que hasta ahora mantenía al mandatario en su cargo. Con esta nueva decisión de segunda instancia, la situación cambia radicalmente y deja al municipio a la expectativa de la designación de un encargado mientras se surten los trámites correspondientes.
El alto tribunal determinó que Alvarado incurrió en una inhabilidad al momento de inscribirse como candidato al Concejo Municipal de Rivera para el periodo 2020–2023, elección en la que resultó ganador y que posteriormente le permitió proyectarse como figura política local. El fundamento central del fallo señala que el hoy alcalde tenía un impedimento de carácter legal debido a un vínculo en primer grado de consanguinidad con una funcionaria que ejerció autoridad administrativa dentro de los doce meses previos a su elección.
Vinculo
La funcionaria en cuestión es su madre, Nidia Guzmán, quien se desempeñó como rectora de la Universidad Surcolombiana entre el 4 de octubre de 2018 y el 19 de febrero de 2019. El Consejo de Estado concluyó que dicho cargo implica autoridad administrativa reconocida, lo que activaba la inhabilidad para que su hijo se inscribiera como candidato y, en consecuencia, fuera elegido concejal en Rivera. Ese antecedente, según la sentencia, contaminó jurídicamente toda su trayectoria electoral posterior, incluyendo su llegada a la Alcaldía.
La Sala señaló que el régimen de inhabilidades es de estricto cumplimiento, pues garantiza la transparencia, la igualdad en la competencia electoral y evita que el ejercicio del poder público se vea influido por relaciones familiares inmediatas. Bajo esta premisa, se concluyó que Alvarado Guzmán no podía ocupar el cargo de alcalde, y por ello ordenó la pérdida inmediata de su investidura.
Con la ejecutoria del fallo, el expediente será devuelto al Tribunal Administrativo del Huila para los trámites de rigor. Mientras tanto, Rivera enfrenta un nuevo capítulo político marcado por la incertidumbre institucional y la necesidad de que el Gobierno Departamental determine quién asumirá temporalmente la administración municipal.
La decisión del Consejo de Estado reconfigura el panorama político local y envía un mensaje contundente: el cumplimiento de la normatividad electoral no admite excepciones. En Rivera, la discusión apenas comienza, mientras los ciudadanos esperan que la transición se realice con estabilidad y que la administración municipal mantenga la continuidad en los proyectos en marcha.