El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decretó este sábado 10 de enero una “emergencia nacional” con el objetivo de proteger los ingresos provenientes de las ventas de petróleo de Venezuela, los cuales serán resguardados en cuentas del Tesoro estadounidense para impedir que sean embargados o reclamados por acreedores internacionales, en medio de la profunda crisis política que atraviesa el país tras la captura de Nicolás Maduro.
Según informó la Casa Blanca mediante un comunicado oficial, la decisión busca evitar que estos recursos “sean incautados de manera que puedan socavar los esfuerzos críticos de Estados Unidos para garantizar la estabilidad política y económica de Venezuela”.
La orden ejecutiva bloquea cualquier embargo, juicio, decreto, derecho de retención, ejecución u otro proceso judicial contra los fondos derivados de las ventas de crudo venezolano que se encuentren bajo custodia del Gobierno estadounidense. Asimismo, prohíbe cualquier tipo de transferencia o negociación con dichos recursos.
Control indefinido del crudo venezolano
La medida se conoce un día después de una reunión entre Trump y altos ejecutivos del sector petrolero, a quienes el mandatario ofreció “protección y seguridad a largo plazo” por parte del Gobierno estadounidense, con el fin de atraer inversiones por hasta 100.000 millones de dólares en Venezuela.
El decreto también ratifica lo anunciado por el secretario de Energía, Chris Wright, quien indicó esta semana que Estados Unidos controlará de forma indefinida las ventas de crudo venezolano y depositará los ingresos en cuentas oficiales del Gobierno norteamericano, asegurando que estos fondos serán utilizados para “beneficiar al pueblo de Venezuela”.
“La orden establece que los recursos son propiedad soberana de Venezuela, pero se mantienen bajo custodia de Estados Unidos para fines gubernamentales y diplomáticos, por lo que no están sujetos a reclamos privados”, explicó la Casa Blanca.
Migración, narcotráfico y deuda externa
Washington justificó la declaratoria de emergencia señalando que permitir el embargo de estos fondos pondría en riesgo objetivos estratégicos de Estados Unidos, entre ellos frenar el flujo de inmigración irregular y el tráfico de narcóticos, problemáticas que la administración Trump vincula directamente con la crisis venezolana.
Tras la ola de expropiaciones petroleras impulsadas por el fallecido presidente Hugo Chávez, Venezuela ha enfrentado cerca de 60 procesos de arbitraje internacional desde el año 2000, con reclamaciones que suman alrededor de 30.000 millones de dólares, equivalente a casi el 15 % de su deuda externa, según datos del Center on Global Energy Policy (CGEP) de la Universidad de Columbia.
Dudas del sector privado
Pese a los incentivos ofrecidos por Washington, ejecutivos petroleros expresaron su escepticismo frente a una eventual inversión en Venezuela, al advertir sobre la incertidumbre regulatoria, el historial de expropiaciones del chavismo y la fragilidad institucional del país.
La medida de Trump marca un nuevo giro en la política estadounidense hacia Venezuela, al combinar presión política, control económico y una estrategia de tutela financiera sobre los principales recursos del país sudamericano.
