Tota/Boyacá/Foto: archivo particular
El Tribunal Administrativo de Boyacá ratificó la suspensión del proyecto turístico Belo Horizonte, proyectado en el sector de Playa Blanca, a orillas del Lago de Tota, y reforzó las medidas de protección ambiental y urbanística sobre esta zona considerada estratégica para el ecosistema del departamento.
La decisión fue adoptada por la Sala de Decisión Cuarta del alto tribunal, en segunda instancia, al revisar el proceso relacionado con la licencia de construcción expedida en 2016 por la Alcaldía de Tota para desarrollar una infraestructura turística en un predio ubicado en suelo rural de protección.
De acuerdo con el fallo, la licencia urbanística habría sido otorgada desconociendo restricciones establecidas en el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), el cual limita proyectos de hotelería convencional en áreas de preservación ambiental cercanas al Lago de Tota. El Tribunal concluyó que existen afectaciones potenciales sobre el equilibrio ecológico, el paisaje y la conectividad ambiental del complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha.
Uno de los puntos centrales de la providencia tiene que ver con las inspecciones técnicas realizadas durante el proceso judicial. Según el expediente, parte de la infraestructura proyectada invadiría la ronda de protección hídrica del lago, definida en 30 metros desde la cota máxima de inundación. Para la corporación judicial, este aspecto representa un riesgo ambiental que debe ser corregido antes de cualquier continuidad del proyecto.
El fallo ordena al constructor, César Alejandro Rincón Becerra, abstenerse de ejecutar nuevas obras mientras permanezca suspendida la licencia. Además, deberá presentar en un plazo máximo de dos meses una propuesta de modificación que adapte el proyecto a la categoría denominada “Ecohabit”, modelo que contempla materiales sostenibles, menor impacto paisajístico y sistemas de energía renovable.
En caso de no cumplir con estas condiciones o si los estudios técnicos determinan que la construcción resulta inviable ambientalmente, el responsable deberá demoler las estructuras levantadas y asumir los costos de restauración del área intervenida.
La sentencia también impone nuevas obligaciones a la Alcaldía de Tota y a Corpoboyacá. Entre ellas, conformar equipos interdisciplinarios para revisar las actuaciones administrativas relacionadas con el proyecto y avanzar en el acotamiento oficial de la ronda hídrica del lago. Asimismo, se ordenó abstenerse de otorgar nuevas licencias en la zona sin autorización ambiental previa. Finalmente, el Tribunal compulsó copias del expediente a la Procuraduría y a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue una posible responsabilidad disciplinaria o penal de funcionarios que participaron en la expedición y prórroga de la licencia entre 2016 y 2023.
