El Tribunal Superior de Bogotá dictó este jueves medida de aseguramiento en centro carcelario contra los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior), investigados por su presunta participación en el entramado de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y otros contratos con entidades públicas.
La decisión judicial, tomada por la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero, se produjo tras una audiencia en la que la Fiscalía General de la Nación presentó evidencias suficientes para demostrar la presunta existencia de una estructura organizada para direccionar contratos públicos en favor de congresistas a cambio de apoyo legislativo para proyectos clave del Gobierno.
A diferencia de lo solicitado por la Fiscalía —quien había pedido prisión domiciliaria preventiva— el Tribunal concluyó que no se cumplían los requisitos legales ni se justificaba esa medida y ordenó la detención intramural al considerar que existe un riesgo para la investigación y la integridad del proceso judicial.
¿Qué se les imputa?
Bonilla y Velasco fueron imputados por la Fiscalía por varios delitos penales, entre ellos:
- Concierto para delinquir.
- Cohecho por dar u ofrecer.
- Interés indebido en la celebración de contratos.
Estos cargos están asociados tanto a recursos de la UNGRD como a proyectos del Instituto Nacional de Vías (Invías) que, según la investigación, habrían sido usados para obtener apoyo político dentro del Congreso.
Fuentes de la investigación señalan que los exministros habrían participado en el direccionamiento de cientos de proyectos con recursos públicos por montos que ascienden a más de 600.000 millones de pesos, incluyendo cerca de 571.000 millones en obras públicas y más de 40.000 millones de pesos manejados a través de la UNGRD, cuyos fondos habrían sido desviados con propósitos ajenos a los objetivos institucionales.
Reacciones políticas y públicas
La orden de enviar a prisión a Bonilla y Velasco generó fuertes comentarios en el ámbito político:
- El presidente Gustavo Petro, aunque reafirmó su rechazo a la corrupción, calificó a Bonilla como “ingenuo” y declaró que no podía afirmar que los exministros fueran corruptos, insistiendo en que el sistema de justicia debe determinar las responsabilidades.
- Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio, salió a afirmar que había alertado al presidente desde 2023 sobre irregularidades en la gestión de Bonilla.
- Voceros de partidos de oposición, como Centro Democrático y Cambio Radical, responsabilizaron directamente al gobierno de Petro por los hechos y exigieron mayor transparencia.
Paralelamente, representantes del sector político señalaron que la decisión evidencia el rechazo ciudadano a los escándalos de corrupción y la importancia del funcionamiento de los mecanismos judiciales para garantizar la rendición de cuentas.
Posturas de defensa y próximos pasos
Los abogados defensores de Bonilla y Velasco han anunciado que apelarán la medida de aseguramiento, argumentando posibles falencias en la argumentación de la Fiscalía y la falta de evidencia definitiva para justificar la medida intramural.
Tanto Bonilla como Velasco han rechazado las imputaciones y afirmado que probarán su inocencia en el proceso. La defensa ha solicitado recursos legales para intentar revertir la medida carcelaria y solicitar otras alternativas mientras la investigación continúa.
La decisión del Tribunal marca un nuevo hito en uno de los casos de corrupción más resonantes en Colombia durante los últimos años, con repercusiones políticas, institucionales y sociales en plena temporada preelectoral.