Avenida Norte/ Tunja/foto: archivo particular.
El Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó en segunda instancia la sentencia que declaró la vulneración de los derechos colectivos al uso y disfrute del espacio público, así como a la seguridad de los peatones que transitan por la Avenida Norte, entre las calles 56 y 66, en ambos sentidos. Con esta decisión, la corporación ratificó la obligación del municipio de Tunja de adelantar las acciones necesarias para recuperar, adecuar e intervenir este corredor peatonal.
Recurso de apelación
La decisión fue adoptada por la Sala de Decisión Tercera al resolver el recurso de apelación presentado por el municipio contra el fallo emitido el 12 de octubre de 2023 por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Tunja.
En su defensa, la administración municipal sostuvo que algunos tramos del sector corresponderían a predios de propiedad privada, razón por la cual consideró que no era posible destinar recursos públicos para su intervención y solicitó la vinculación de particulares al proceso. No obstante, el Tribunal concluyó que durante el proceso no se acreditó la existencia de títulos que demostraran la propiedad privada de los terrenos cuestionados.
Además, recordó que corresponde al municipio garantizar la protección, recuperación y conservación del espacio público, en cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales que recaen sobre las entidades territoriales. La sentencia establece un cronograma de cumplimiento progresivo.
En un plazo de seis meses, la Alcaldía deberá realizar un estudio para determinar la titularidad de los predios ubicados entre las calles 56 y 66 y definir las actuaciones administrativas o judiciales necesarias para su adquisición o declaratoria como espacio público. Posteriormente, contará con otros seis meses para adelantar dichos trámites. Cumplidas esas etapas, el municipio dispondrá de un año para apropiar los recursos presupuestales, contratar y elaborar los estudios y diseños técnicos requeridos para la intervención.
Finalizada esa fase, tendrá un año adicional para contratar las obras y un plazo máximo de dos años para ejecutar la construcción y adecuación de los andenes, incorporando criterios de accesibilidad como rampas y losetas podotáctiles. Con el propósito de verificar el cumplimiento de las órdenes impartidas, el Tribunal dispuso la conformación de un comité integrado por la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Alcaldía de Tunja y el actor popular, Yesid Figueroa, quienes deberán hacer seguimiento al avance de las acciones ordenadas hasta su ejecución definitiva.
