Un tribunal federal de Estados Unidos impuso cadena perpetua por explotación sexual infantil a Manuel Poceiro, ciudadano estadounidense residente en Miami.
La decisión judicial se conoció el viernes 23 de enero de 2026, tras la aceptación de cargos por parte del acusado.
Jueza federal dictó la máxima pena
La jueza federal de distrito Jacqueline Becerra profirió la sentencia luego de la confesión formal de Poceiro, de 69 años.
El condenado aceptó responsabilidad por intento de coerción e incitación de un menor para actividades sexuales.
También admitió intento de producción de pornografía infantil y posesión de material visual de abuso sexual.
Fiscalía destacó carácter transnacional de los delitos
El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones, del Distrito Sur de Florida, resaltó la gravedad de la conducta criminal.
Indicó que el acusado viajó al extranjero para cometer los delitos y registró los abusos de forma deliberada.
La Fiscalía sostuvo que la cadena perpetua por explotación sexual infantil garantiza la protección permanente de potenciales víctimas.
El ente acusador afirmó que la sentencia busca impedir cualquier reincidencia y reafirmar la jurisdicción penal estadounidense.
Hechos investigados durante estancias en Colombia
De acuerdo con los registros judiciales, el 6 de febrero de 2024 Poceiro sostuvo un encuentro clave para la investigación.
Durante la reunión, mostró archivos audiovisuales que evidenciaban abusos cometidos contra menores en Colombia.
Parte del material fue producido directamente por el hoy condenado, según acreditó la investigación.
Hallazgos tras inspección migratoria en Miami
El 2 de febrero de 2025, Poceiro ingresó a Estados Unidos desde República Dominicana por el aeropuerto de Miami.
En una inspección secundaria, agentes revisaron su teléfono celular y hallaron material de abuso sexual infantil.
Posteriormente, un análisis forense permitió identificar al menos cinco víctimas menores de edad.
Pruebas financieras y comunicaciones ilícitas
La investigación estableció comunicaciones sexualmente explícitas con una menor entre 14 y 16 años.
En esos intercambios, el acusado solicitó material de contenido sexual mediante aplicaciones de mensajería.
Registros de casas de cambio evidenciaron transferencias de dinero hacia Colombia.
Los pagos se realizaban a terceros debido a la imposibilidad legal de las víctimas para recibir fondos.
Investigación con cooperación internacional
El caso fue liderado por Investigaciones de Seguridad Nacional, HSI Miami.
Contó con el apoyo de la Unidad de Investigación Criminal Transnacional de HSI Colombia.
También participaron agentes de la Dirección de Protección de la Policía Nacional.
Las autoridades destacaron la cooperación binacional como determinante para la condena.
Contexto judicial en Medellín por otro caso similar
En paralelo, autoridades reforzaron la búsqueda de Timothy Alan Livingston, estadounidense investigado en Medellín.
El alcalde Federico Gutiérrez confirmó coordinación con agencias internacionales para su localización.
La Procuraduría abrió cargos disciplinarios contra dos policías por presuntas omisiones en un procedimiento de 2024.
Las entidades reiteraron que los delitos contra menores reciben prioridad absoluta en el sistema judicial.
