Samacá Boyacá/ Plaza principal/ Foto: archivo particular
El Tribunal Administrativo de Boyacá ordenó la adopción de medidas cautelares dirigidas a la Agencia Nacional de Minería (ANM) y al Ministerio del Trabajo, tras una acción popular que advierte presuntas fallas en la supervisión de varias unidades mineras en el municipio de Samacá, Boyacá, donde se han registrado múltiples accidentes en los últimos años. La decisión judicial se sustenta en una demanda presentada por el abogado Diego Rivera, quien actúa en representación de familias de víctimas y comunidades mineras.
En el documento se señala que entre 2007 y 2024 se habrían presentado 43 muertes y 37 emergencias mineras asociadas a la operación de socavones en títulos mineros administrados por la Cooperativa Boyacense de Productores de Carbón de Samacá (Cooprocarbón). Según el análisis del Tribunal, existirían posibles deficiencias en los procesos de inspección, vigilancia y control por parte de las entidades competentes, lo que habría derivado en una intervención estatal principalmente reactiva frente a los incidentes registrados.
En ese sentido, la providencia advierte que han pasado varios años desde la última inspección técnica integral en algunos de los títulos mineros mencionados en la acción judicial. Como parte de las medidas cautelares, el Tribunal ordenó al Ministerio del Trabajo adelantar, en un plazo máximo de dos meses, auditorías en las unidades mineras involucradas.
Estas revisiones deberán enfocarse en la verificación del cumplimiento de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el objetivo de establecer si existen condiciones adecuadas para la protección de los trabajadores. De igual forma, la Agencia Nacional de Minería deberá aplicar de manera estricta el Reglamento de Seguridad en Labores Mineras Subterráneas. La orden judicial contempla la suspensión inmediata de actividades en aquellos frentes de trabajo donde se identifiquen riesgos que puedan comprometer la vida e integridad de los mineros.
El Tribunal indicó que estas medidas buscan reforzar la prevención de accidentes laborales en la actividad minera y garantizar una mayor efectividad en los mecanismos de control institucional. Asimismo, la decisión pretende asegurar que los operadores mineros cumplan con los estándares de seguridad exigidos por la normativa vigente. La providencia se mantiene en etapa de seguimiento mientras avanza el proceso de la acción popular, con el fin de determinar si existen responsabilidades administrativas o fallas estructurales en la supervisión del sector minero en esta zona del departamento de Boyacá.
