La justicia administrativa respaldó la sanción impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio, tras evidenciar fallas en el servicio y vulneraciones a los consumidores.
El Tribunal de Cundinamarca rechazó la demanda interpuesta por Rappi S.A.S. y confirmó la millonaria multa impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en un fallo que refuerza la responsabilidad de las plataformas digitales frente a los usuarios en Colombia.
La decisión judicial ratifica la sanción superior a los 4.000 millones de pesos, impuesta luego de que la autoridad encontrara múltiples irregularidades en la prestación del servicio ofrecido por la compañía.
Fallas en el servicio y cobros sin autorización
De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la SIC, se evidenciaron problemas en la calidad del servicio, incluyendo entregas incompletas, productos en mal estado o fuera del tiempo prometido.
Asimismo, se detectaron cobros no autorizados relacionados con membresías como Rappi Prime y Rappi Pro, así como dificultades en los canales de atención al cliente, donde los usuarios no recibían respuestas oportunas a sus reclamaciones.
Otro de los puntos críticos fue la publicidad engañosa en servicios como “Turbo”, que prometía entregas en tiempos que, en varios casos, no se cumplían.
Un precedente para plataformas digitales
El fallo del Tribunal de Cundinamarca representa un respaldo a las decisiones de la autoridad de consumo y marca un precedente importante en el control de las plataformas digitales que operan en el país.
La SIC ha sostenido que este tipo de empresas no solo actúan como intermediarias, sino que también tienen responsabilidades directas frente a los consumidores, especialmente cuando intervienen en aspectos clave como el pago, la entrega y la atención postventa.
Reacciones y lo que viene
Pese a la decisión judicial, la empresa aún podría acudir a otros recursos legales dentro del proceso. Sin embargo, el fallo refuerza la vigilancia sobre el cumplimiento de las normas de protección al consumidor en el comercio electrónico.
Este caso se suma a otras sanciones que ha enfrentado la compañía en los últimos años, lo que ha generado un debate sobre la regulación de las plataformas tecnológicas en Colombia y la necesidad de garantizar mejores condiciones para los usuarios.
