El Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la medida cautelar con la que se buscaba suspender el traslado de la ceremonia de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella a la ciudad de Cali, por lo que el acto de investidura previsto para el próximo 7 de agosto podrá realizarse según lo programado.
La solicitud había sido presentada dentro de una acción popular interpuesta por el ciudadano David Fernando Cano Mazuera, quien argumentó que la decisión del Congreso de trasladar temporalmente su sede a la capital del Valle del Cauca carecía de soportes jurídicos, presupuestales y de seguridad suficientes, lo que, a su juicio, ponía en riesgo el patrimonio público y la moralidad administrativa.
Sin embargo, al analizar la petición, el alto tribunal concluyó que el demandante no aportó pruebas que demostraran una amenaza real, grave o inminente contra los derechos colectivos invocados. Asimismo, señaló que el Senado y la Cámara de Representantes entregaron información que respalda la legalidad del traslado y las condiciones para desarrollar el evento.
En su decisión, la corporación judicial recordó que el cambio temporal de sede fue aprobado por ambas cámaras del Congreso en ejercicio de las facultades contempladas en la Constitución y en la Ley 5 de 1992, cumpliendo con los procedimientos parlamentarios establecidos para este tipo de determinaciones.
El Tribunal también desestimó el argumento relacionado con los costos de la ceremonia. Indicó que los cerca de 5.950 millones de pesos mencionados por el demandante no corresponden exclusivamente al traslado del Congreso a Cali, por lo que no se evidenció una afectación directa al patrimonio público. Además, resaltó que las autoridades responsables presentaron planes de seguridad y coordinación institucional para garantizar el desarrollo de la posesión sin contratiempos.
Con esta decisión, queda despejado el camino para que Abelardo de la Espriella asuma la Presidencia de la República en una ceremonia que, por primera vez en la historia reciente del país, se llevará a cabo fuera de Bogotá. No obstante, la acción popular continuará su trámite judicial mientras se estudia de fondo la legalidad de la decisión adoptada por el Congreso.
