El lunes 26 de enero, en la mañana está previsto que se reúna la Sala Plena del Tribunal Superior de Bogotá para tocar un tema ligado a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, detenidos por su presunta participación en el entramado corrupto para desfalcar la UNGRD. Los magistrados definirán una hoja de ruta para aplicar la Ley 2477 de 2025, particularmente lo relacionado a las apelaciones de medidas de aseguramiento a aforados, como pasa en el caso de los exministros del gobierno Petro.
Este caso representa uno de los escándalos de corrupción más graves del gobierno del presidente Gustavo Petro, involucrando presunto desvío de miles de millones de pesos destinados a atención de emergencias y desastres naturales. Los exministros Bonilla (exministro de Hacienda) y Velasco (exministro del Interior) fueron capturados y enviados a prisión preventiva tras investigaciones que los vinculan con redes de corrupción que operaban desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La decisión que tomará hoy el Tribunal es crucial porque determinará los procedimientos que se seguirán para resolver las apelaciones que los abogados defensores de Bonilla y Velasco presentaron contra las medidas de aseguramiento (prisión preventiva) impuestas por jueces de primera instancia. De acuerdo con la reciente Ley 2477 de 2025, es el Tribunal Superior de Bogotá el que debe resolver estas situaciones cuando se trata de funcionarios aforados, generando nueva jurisprudencia sobre cómo operar estos procesos.
El próximo 29 de enero es la audiencia de acusación en contra de otra de las presuntas cabezas del entramado de corrupción de la UNGRD, evidenciando que el calendario judicial de 2026 estará marcado por múltiples diligencias de este caso que ha sacudido la credibilidad del gobierno y generado cuestionamientos profundos sobre controles internos, transparencia y rendición de cuentas en la administración pública.
