El reciente decreto del Gobierno colombiano que ordena trasladar recursos desde los fondos privados de pensiones (AFP) hacia Colpensiones ha desatado una fuerte controversia económica y jurídica. Expertos del sector advierten que esta medida podría provocar un desplome en la rentabilidad de los ahorros pensionales de millones de cotizantes, en medio de un debate más amplio sobre el futuro del sistema pensional en el país.
La decisión, oficializada mediante el Decreto 0415 de 2026, obliga a las AFP a transferir cerca de $25 billones de pesos correspondientes a más de 119.000 afiliados que se trasladaron del régimen privado al público en el marco de la reforma pensional de 2024 . Este traslado incluye no solo el capital acumulado, sino también los rendimientos generados hasta la fecha.
Contexto: la reforma pensional y la “ventana de traslado”
El origen de esta medida se remonta a la Ley 2381 de 2024, que introdujo cambios estructurales en el sistema pensional colombiano. Uno de sus componentes fue la llamada “ventana de traslado”, que permitió a miles de trabajadores cambiarse de las AFP al régimen público administrado por Colpensiones .
Sin embargo, aunque los afiliados realizaron el cambio de régimen, sus ahorros permanecían en los fondos privados. El decreto actual busca corregir esa situación, obligando a que los recursos acompañen el traslado del afiliado.
El Gobierno ha defendido la medida como un paso necesario para garantizar la sostenibilidad fiscal del sistema público, evitando que Colpensiones asuma obligaciones sin contar con los recursos correspondientes .
¿Por qué se habla de caída en la rentabilidad?
Diversos analistas coinciden en que el traslado masivo de recursos podría tener efectos negativos sobre la rentabilidad de los ahorros pensionales. En el régimen de ahorro individual (AFP), los recursos se invierten en portafolios diversificados que incluyen acciones, bonos y activos internacionales, lo que permite generar rendimientos a largo plazo.
En contraste, el régimen de prima media administrado por Colpensiones funciona bajo un esquema de reparto, donde los aportes actuales financian las pensiones presentes. Esto implica que no existe una cuenta individual con rendimientos financieros comparables, lo que reduce el potencial de crecimiento del ahorro.
Según expertos citados en medios económicos, el traslado de estos recursos puede disminuir los intereses que los cotizantes habrían obtenido en el sistema privado, afectando especialmente a quienes aún no están cerca de pensionarse .
Tensiones legales y económicas
La medida también ha generado fuertes críticas por parte de Asofondos, que anunció acciones legales en contra del decreto. El gremio argumenta que el traslado obligatorio podría afectar el ahorro nacional, la confianza en el sistema financiero y la estabilidad del mercado de capitales .
Además, el decreto se expide en un contexto de incertidumbre jurídica, ya que la reforma pensional aún se encuentra bajo revisión de la Corte Constitucional. Esto ha llevado a entidades como el Banco de la República y otros analistas a advertir sobre posibles riesgos legales y fiscales .
Impacto en el sistema y los cotizantes
El traslado de $25 billones no solo afecta a los afiliados directamente involucrados, sino que también podría tener efectos sistémicos:
- Menor dinamismo en los mercados financieros, al reducirse los recursos administrados por las AFP.
- Mayor presión sobre el sistema público, que depende del flujo constante de aportes.
- Cambios en la estructura de inversión del país, ya que los fondos privados son actores clave en el financiamiento de proyectos y deuda pública.
En términos individuales, el principal impacto es la posible reducción en la rentabilidad futura del ahorro pensional, lo que podría traducirse en menores beneficios económicos en la vejez.
Un debate de fondo: modelo de ahorro vs. reparto
El debate que surge tras esta decisión va más allá del decreto. En el fondo, enfrenta dos modelos de pensión:
- Ahorro individual (AFP): basado en inversión y rentabilidad.
- Régimen público (Colpensiones): basado en solidaridad y reparto.
Mientras el Gobierno prioriza la sostenibilidad fiscal y la equidad, los críticos advierten sobre los riesgos de sacrificar la rentabilidad y la confianza en el sistema.
Conclusión
La decisión de trasladar ahorros de AFP a Colpensiones marca un punto de inflexión en el sistema pensional colombiano. Aunque busca corregir un desbalance estructural, también abre interrogantes sobre el futuro de los ahorros de los trabajadores y la estabilidad del modelo financiero.
El desenlace dependerá no solo de las decisiones judiciales pendientes, sino también de la capacidad del sistema para equilibrar sostenibilidad, rentabilidad y confianza.
