Tras 21 años de restricción territorial, el Gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, firmó el decreto que adopta el Nuevo Plan Integral de Gestión del Riesgo del Volcán Galeras, paso jurídico que habilita al Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres a evaluar el retorno a la normalidad en la Zona de Amenaza Volcánica Alta (ZAVA), decretada en 2005 en los municipios de Pasto, La Florida y Nariño.
La decisión fue presentada ante el Juzgado Promiscuo Municipal de La Florida, en audiencia de seguimiento a la Sentencia T-269 de 2015 de la Corte Constitucional, que vigila el cumplimiento de las órdenes relacionadas con estos territorios ubicados en las faldas del volcán Galeras.
Lo que cambia con la firma del decreto
• Se sustituye el instrumento técnico vigente desde 2005.
• Se actualizan los estudios de amenaza volcánica.
• Se activa la ruta nacional para que el Consejo Nacional vote el retorno a la normalidad.
• La decisión final deberá adoptarse mediante decreto presidencial con soporte presupuestal.
El decreto departamental no levanta por sí mismo la declaratoria de desastre. Constituye el soporte técnico y jurídico, basado en estudios actualizados de amenaza volcánica, que permite escalar la decisión al nivel nacional junto con la definición del soporte presupuestal por parte del Ministerio de Hacienda.
La declaratoria de 2005 impactó amplias zonas urbanas y rurales de los tres municipios, restringiendo inversión pública, infraestructura estratégica y valorización del suelo, lo que truncó el desarrollo económico y social de comunidades campesinas e indígenas.
Desde el Corregimiento de Genoy, en la zona rural de Pasto, las comunidades indígenas enfrentaron limitaciones en vivienda, infraestructura educativa, vías y equipamientos públicos.
En el Municipio de La Florida, la declaratoria afectó cerca de la mitad del casco urbano y limitó durante años las actividades agropecuarias, ganaderas y comerciales, así como la inversión en vías e infraestructura. La falta de oportunidades obligó a más de 10 mil habitantes a salir del municipio en busca de sustento, generando una profunda crisis económica y social.
El proceso marca un punto de inflexión institucional en el cumplimiento de la Sentencia T-269 de 2015 y abre la posibilidad de redefinir el ordenamiento territorial y el futuro económico de la región bajo criterios técnicos actualizados y articulación con el Gobierno Nacional.
