El gobierno de los Estados Unidos impulsa formalmente una transición política en Venezuela mediante canales institucionales alternativos. Por esta razón, la Casa Blanca coordina de manera directa una nueva agenda de trabajo con la exdiputada Dinorah Figuera.
Específicamente, la expresidenta del parlamento electo en 2015 encabeza las conversaciones técnicas con los principales operadores del chavismo en Caracas. En este sentido, la estrategia busca presuntamente reformar el arbitraje electoral y, asimismo, renovar las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia.
Como consecuencia de este giro, este movimiento diplomático releva de las funciones de interlocución directa a la dirigente opositora María Corina Machado. Esto se debe a que la administración norteamericana prioriza presuntamente un perfil más neutral con el fin de evitar la parálisis del diálogo por motivos de polarización histórica.
Interlocución institucional y transición política en Venezuela
Por un lado, los delegados internacionales desarrollan la tercera fase de un plan estratégico concebido tras la detención de Nicolás Maduro. En este contexto, Washington mantiene actualmente una tutela operativa sobre la gestión gubernamental interina que preside Delcy Rodríguez.
Sin embargo, la reanudación del proceso político ocurre semanas después de un sismo severo que causó presuntamente miles de fallecidos en el país. A causa de ello, el desastre natural suspendió temporalmente los contactos bilaterales entre las comisiones técnicas de ambas facciones.
Por otra parte, consultores políticos independientes sostienen que la elección de Figuera contradice los acuerdos alcanzados previamente por la Plataforma Unitaria en Panamá. Efectivamente, las bases opositoras designaron unánimemente a Machado, no obstante, la diplomacia norteamericana impone finalmente sus propias reglas de juego.
Exclusión de líderes radicales del diálogo nacional
En primer lugar, informes de inteligencia señalan que las Fuerzas Armadas venezolanas muestran presuntamente una fuerte resistencia hacia liderazgos de perfil confrontativo. De hecho, los ministros del Interior y del Poder Legislativo rechazan de plano la participación de figuras de la derecha tradicional.
Ante este veto institucional, la opción de una salida negociada recae por lo tanto en la antigua estructura parlamentaria del período 2015-2020. Por esta razón, Figuera ejerce sus funciones sin militancia partidista activa para así facilitar el consenso en las mesas de discusión.
Paralelamente, la coalición democrática mayoritaria evalúa actualmente los alcances de la hoja de ruta suscrita por el Departamento de Estado. En consecuencia, los representantes de la sociedad civil exigen un pleno respeto al mandato popular expresado en los últimos comicios presidenciales oficiales.
