Un grupo de 14 académicos y expertos convocados por la Universidad de Harvard presentó en septiembre de 2026 una propuesta para abordar la profunda crisis que atraviesa Cuba. El documento plantea una transición económica en Cuba acompañada de cambios políticos, reformas institucionales y un proceso de negociación en el que también participarían las autoridades actualmente en el poder.
La propuesta fue publicada el 10 de septiembre por el Programa de Estudios de Cuba y el Instituto de Investigaciones Afrolatinoamericanas de Harvard, con participación del David Rockefeller Center for Latin American Studies. La propia universidad explicó que el grupo trabajó durante seis meses y que el documento debe entenderse como un texto abierto a consultas, revisiones y modificaciones.
Entre las medidas que han generado mayor atención se encuentran el levantamiento de las sanciones estadounidenses, una amnistía para presos políticos, cambios en las normas que restringen libertades civiles, una mayor apertura económica, fortalecimiento del sector privado y la eventual reincorporación de Cuba a instituciones financieras internacionales.
El planteamiento llega en un momento especialmente delicado para la economía cubana y en medio de un aumento de las tensiones entre La Habana y Washington.
¿Qué propone exactamente el grupo de Harvard?
El documento no plantea simplemente una reforma económica aislada. La propuesta conecta la recuperación económica con una transformación institucional y política.
Según la información publicada por Harvard, el grupo de trabajo reunió a académicos y profesionales de diferentes perspectivas para estudiar la crisis cubana y formular recomendaciones. El informe fue presentado como un documento en construcción, cuyo objetivo también es promover consultas y diálogo.
El planteamiento incluye una transición negociada en la que las autoridades cubanas tendrían un papel dentro del proceso, pero también contempla la participación de sectores de la sociedad civil, opositores, la diáspora y actores internacionales.
El periódico EL PAÍS, que tuvo acceso y analizó el documento, informó que el grupo está integrado por 14 expertos y que su hoja de ruta incluye cambios políticos, económicos y jurídicos. Entre las medidas señaladas aparecen una amnistía para presos políticos, la eliminación de determinadas normas represivas, el levantamiento de las sanciones estadounidenses, reformas para ampliar el sector privado y el regreso de Cuba a organismos financieros internacionales.
La propuesta también contempla, a más largo plazo, una Asamblea Constituyente destinada a establecer las bases de un sistema político democrático y pluralista.
Una crisis económica que sirve de punto de partida
El grupo de Harvard parte de un diagnóstico especialmente negativo sobre la situación de la isla.
De acuerdo con el informe citado por EL PAÍS, el producto interno bruto cubano cayó alrededor de un 11 % entre 2019 y 2024. El documento también analiza el deterioro de sectores como la agricultura, la energía y los servicios públicos, además de la salida de población del país.
La situación energética se ha convertido en uno de los principales problemas cotidianos. Los apagones y las dificultades para garantizar combustible tienen consecuencias sobre el transporte, la producción, la distribución de alimentos y otros servicios esenciales.
El diagnóstico de Harvard atribuye parte de la crisis a las decisiones y limitaciones del propio Gobierno cubano, pero también reconoce que las medidas estadounidenses han agravado determinadas dificultades económicas. Precisamente esta combinación es uno de los elementos centrales de la propuesta.
La discusión sobre las causas de la crisis cubana lleva décadas dividida entre dos explicaciones principales: quienes atribuyen el deterioro principalmente al modelo económico y político cubano y quienes destacan el impacto del embargo y las sanciones estadounidenses.
El grupo de Harvard intenta incorporar ambos elementos en su diagnóstico.
El levantamiento de sanciones ocupa un lugar central
Uno de los aspectos que más repercusión ha tenido fuera de Cuba es la petición de eliminar las sanciones estadounidenses.
El documento plantea que una eventual transición debería estar acompañada por una modificación sustancial de la política económica de Washington hacia la isla. La propuesta incluye el levantamiento de las sanciones y medidas destinadas a facilitar la recuperación económica.
La cuestión adquiere especial relevancia porque Estados Unidos mantiene una amplia estructura de restricciones económicas contra Cuba y, durante septiembre de 2026, Washington ha continuado aplicando nuevas medidas.
El 17 de septiembre, por ejemplo, Estados Unidos anunció sanciones contra 11 entidades cubanas relacionadas con sectores como el níquel y empresas vinculadas al aparato militar. La medida se produjo pocos días después de otras sanciones anunciadas contra empresas cubanas.
Por tanto, la propuesta de Harvard aparece en un momento en el que la política estadounidense hacia La Habana continúa caracterizándose por una fuerte presión económica.
Harvard también plantea una transformación del modelo económico
El componente económico de la propuesta no se limita al levantamiento de sanciones.
El grupo de expertos plantea una economía con mayor participación del sector privado y modificaciones institucionales que permitan ampliar la actividad empresarial y la inversión.
La propuesta también apunta a una eventual reincorporación de Cuba a instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, algo que requeriría cambios importantes en las relaciones económicas internacionales de la isla.
La intención sería facilitar el acceso a financiación, inversión y mecanismos internacionales que actualmente no forman parte de la estructura económica cubana.
El planteamiento se relaciona con otras propuestas económicas que han surgido durante 2026. Una de ellas es Cuba Transformación, elaborada por economistas cubanos independientes, que propone avanzar hacia una economía social de mercado mediante diferentes etapas de estabilización, recuperación productiva y desarrollo.
El economista Pedro Monreal ha señalado que ambas propuestas tienen objetivos diferentes: mientras Cuba Transformación se concentra principalmente en el diseño económico, el documento de Harvard incorpora pasos específicos para una eventual transición política.
Una transición que no plantea una ruptura inmediata
Uno de los elementos particulares del documento es que no propone que el proceso dependa exclusivamente de un cambio abrupto de poder.
Por el contrario, el grupo considera que las autoridades cubanas actuales deberían participar como facilitadoras de una eventual transición.
Esto significa que la propuesta contempla conversaciones entre actores que actualmente mantienen posiciones profundamente enfrentadas.
Según EL PAÍS, los autores consideran necesaria la participación de diferentes sectores de la sociedad cubana y de la diáspora. La idea es evitar que la solución dependa exclusivamente de Washington o de una intervención externa y promover un proceso con participación cubana.
El documento también se distancia de las propuestas que plantean una intervención militar estadounidense como mecanismo para producir un cambio político.
En su lugar, apuesta por una transición negociada y gradual.
La amnistía para presos políticos sería uno de los primeros pasos
En el plano político, una de las propuestas inmediatas es una amnistía general para los presos políticos.
El informe considera que liberar a personas encarceladas por motivos relacionados con el ejercicio de libertades políticas y civiles permitiría crear condiciones para iniciar un proceso de diálogo.
También plantea modificar o eliminar determinadas disposiciones legales que han sido utilizadas para restringir la expresión y la protesta.
Entre las normas señaladas en los análisis publicados sobre el informe aparecen los decretos-leyes 349, 370 y 35, relacionados con diferentes aspectos de la regulación de la expresión, la actividad cultural, las comunicaciones y el espacio digital.
La propuesta también cuestiona determinadas restricciones administrativas relacionadas con la libertad de movimiento de ciudadanos cubanos.
Una Asamblea Constituyente a largo plazo
El grupo de Harvard no limita sus recomendaciones a medidas de emergencia.
A mediano y largo plazo plantea la posibilidad de convocar una nueva Asamblea Constituyente.
La finalidad sería abrir un proceso de discusión nacional sobre las reglas políticas e institucionales del país y establecer las bases de un sistema democrático y pluralista.
El documento contempla además cambios en la estructura económica, reconocimiento de un papel más amplio para la propiedad privada y una mayor integración del país con las instituciones financieras internacionales.
Se trata, por tanto, de una propuesta que pretende abordar simultáneamente la crisis económica, las instituciones políticas, las libertades civiles y las relaciones internacionales.
¿Qué papel tendría Estados Unidos?
La propuesta también modifica el enfoque sobre la relación entre Washington y La Habana.
En lugar de considerar que Estados Unidos debe dirigir una eventual transición, el grupo plantea que Washington debería contribuir a generar condiciones económicas y diplomáticas para que los propios actores cubanos puedan desarrollar el proceso.
El levantamiento de sanciones formaría parte de esa estrategia.
Los autores consideran que las restricciones estadounidenses han agravado determinados problemas económicos de la isla. Al mismo tiempo, el informe responsabiliza al Gobierno cubano de decisiones internas que, según el documento, han contribuido al deterioro económico e institucional.
Esta posición ha generado una discusión particularmente sensible porque cuestiona la idea de explicar la crisis cubana únicamente desde uno de los dos factores.
El Gobierno cubano rechaza el informe
La propuesta no ha sido aceptada por las autoridades de La Habana.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, criticó públicamente el informe el 18 de septiembre y cuestionó tanto sus conclusiones como la independencia de sus autores.
Rodríguez afirmó que el documento intenta «confundir y manipular» al público estadounidense e internacional y sostuvo que forma parte de una estrategia vinculada al Departamento de Estado estadounidense. Estas son afirmaciones del Gobierno cubano y no una conclusión independiente sobre el informe.
El canciller también acusó al documento de minimizar las consecuencias del embargo y de no otorgar suficiente importancia al impacto de las restricciones estadounidenses sobre la economía cubana.
Según cifras citadas por el Gobierno de Cuba y recogidas por EFE, las autoridades cubanas estimaron que el embargo ocasionó pérdidas por unos 8.083 millones de dólares entre marzo de 2025 y febrero de 2026. Esa cifra corresponde a la metodología y estimaciones oficiales cubanas.
La Habana sostiene, en consecuencia, que cualquier análisis sobre la crisis económica debe considerar el impacto acumulado de las restricciones estadounidenses.
Harvard y el Gobierno cubano parten de diagnósticos diferentes
Aquí se encuentra uno de los principales puntos de desacuerdo.
El grupo de Harvard sostiene que las autoridades cubanas tienen una responsabilidad importante en el deterioro de la economía y de los servicios públicos, mientras que el Gobierno cubano enfatiza el efecto de décadas de sanciones estadounidenses.
El informe de Harvard, sin embargo, no plantea que las sanciones sean irrelevantes. Por el contrario, propone precisamente su eliminación como parte de la estrategia de recuperación.
La diferencia está en el peso que cada parte concede a los distintos factores.
Para el Gobierno cubano, el embargo constituye un elemento central para explicar las dificultades actuales. Para los autores del informe, las sanciones son un factor que agrava una crisis que también tiene causas internas.
La propuesta llega en medio de nuevas sanciones
El contexto internacional hace que el documento tenga una relevancia particular.
Durante septiembre de 2026, Estados Unidos ha aumentado la presión económica sobre Cuba mediante nuevas sanciones dirigidas contra empresas y funcionarios cubanos.
Reuters informó el 17 de septiembre que Washington sancionó a 11 entidades vinculadas con sectores como el níquel y empresas relacionadas con el aparato militar cubano. El Gobierno estadounidense sostiene que estas entidades forman parte de estructuras que benefician a las élites cubanas, mientras que La Habana rechaza esa interpretación y atribuye a las sanciones parte de las dificultades económicas y sociales que atraviesa la población.
Así, la propuesta de Harvard de avanzar hacia el levantamiento de las sanciones contrasta directamente con la política estadounidense que se estaba aplicando en el momento de la publicación del informe.
El documento todavía no constituye un acuerdo político
Otro punto importante es que la propuesta no representa un acuerdo alcanzado entre Harvard, el Gobierno cubano y Estados Unidos.
La propia Universidad de Harvard describe el informe como un documento elaborado por un grupo de académicos y profesionales y señala que está abierto a revisiones y consultas.
Por eso, expresiones como «plan de Harvard para Cuba» deben entenderse como una manera periodística de referirse a las recomendaciones del grupo de trabajo, y no como un programa oficialmente adoptado por la universidad o por los gobiernos involucrados.
Tampoco significa que Washington haya aceptado levantar las sanciones ni que La Habana haya aceptado iniciar una transición bajo las condiciones propuestas.
Un debate que trasciende la política cubana
La propuesta también vuelve a colocar sobre la mesa una discusión más amplia sobre cómo afrontar las crisis políticas y económicas de países sometidos a fuertes conflictos internacionales.
En el caso cubano, cualquier transición tendría que enfrentar simultáneamente problemas económicos, energéticos, demográficos e institucionales.
La salida de población durante los últimos años ha reducido la fuerza laboral y aumentado el peso de las remesas y de la diáspora. Al mismo tiempo, el deterioro de la infraestructura energética ha complicado la producción y la prestación de servicios básicos.
Por eso, los autores de la propuesta consideran que una recuperación económica no puede separarse de cambios institucionales y de una modificación de las relaciones internacionales del país.
¿Qué podría ocurrir a partir de ahora?
El informe de Harvard no establece un calendario obligatorio ni tiene capacidad para imponer sus recomendaciones.
Su importancia radica principalmente en que reúne en un mismo documento propuestas que abarcan varios niveles: liberación de presos políticos, cambios legales, diálogo entre actores cubanos, reformas económicas, ampliación del sector privado, participación de la diáspora, levantamiento de sanciones y eventual reincorporación a instituciones financieras internacionales.
La propia coordinación del proyecto ha indicado que el documento pretende servir como punto de partida para el diálogo y que continuará abierto a modificaciones y consultas.
Por ahora, la propuesta se enfrenta a obstáculos importantes: la falta de consenso entre los distintos sectores políticos cubanos, el rechazo del Gobierno de La Habana, la continuidad de las sanciones estadounidenses y las profundas diferencias entre Washington y las autoridades cubanas.
El debate, por tanto, apenas comienza. La propuesta de Harvard pone sobre la mesa una posible transición económica en Cuba vinculada a una transformación política e institucional, pero su eventual aplicación dependería de decisiones de los propios actores cubanos y de cambios en las relaciones entre Cuba, Estados Unidos y la comunidad internacional.
