Profesionales de la salud denuncian meses sin salarios ni respuestas oficiales.
Redacción Extra
Una creciente preocupación se ha generado entre profesionales de la salud en el departamento de Boyacá, quienes denuncian retrasos prolongados en el pago de sus honorarios por parte de la administración departamental. De acuerdo con testimonios conocidos públicamente, médicos, enfermeros y otros trabajadores aseguran que la situación se ha extendido por varios meses, afectando su estabilidad económica y personal.
Según los denunciantes, los retrasos se presentan en distintos municipios como Duitama, Cerinza y Belén, y abarcan varios tipos de contratación, incluyendo programas como Atención Primaria en Salud (APS) y el Plan de Intervenciones Colectivas (PIC). En algunos casos, los profesionales afirman que se les adeudan sumas cercanas a los 13 millones de pesos por labores realizadas entre mayo y diciembre de 2025. Uno de los aspectos más críticos señalados por los trabajadores tiene que ver con las condiciones contractuales. Algunos aseguran que los contratos incluyen cláusulas que contemplan sanciones económicas en caso de renuncia anticipada, lo que, en la práctica, limitaría la posibilidad de retirarse pese a los incumplimientos en los pagos.
“Si uno renuncia, no solo pierde lo que le deben, sino que además podría quedar debiendo dinero por las actividades no ejecutadas”, explicó una profesional afectada. Además, los testimonios indican que los pagos no solo presentan demoras, sino también posibles deducciones bajo el concepto de “glosas”, que corresponden a ajustes por supuestas inconsistencias en las actividades realizadas. Sin embargo, algunos trabajadores manifiestan no tener claridad sobre los criterios utilizados para estas reducciones, lo que genera incertidumbre sobre el monto final a recibir.
La situación también evidenciaría dificultades administrativas en la gestión de los contratos. Según los relatos, existe una falta de coordinación entre la Secretaría de Salud y las entidades prestadoras de servicios (ESE), lo que ha derivado en una cadena de responsabilidades que, en la práctica, retrasa aún más los procesos de pago. Mientras tanto, los profesionales aseguran que deben continuar cumpliendo con sus funciones, muchas de ellas en zonas rurales, sin recibir la remuneración correspondiente.
El impacto de esta problemática va más allá de lo laboral. Algunos afectados señalan que han tenido que recurrir a préstamos o endeudarse para cubrir sus gastos básicos, incluyendo alimentación, transporte y sostenimiento de sus familias. En particular, madres cabeza de hogar destacan la dificultad de mantener sus responsabilidades económicas en medio de la incertidumbre. Ante esta situación, el gremio ha buscado visibilizar el problema a través de diferentes canales, incluyendo redes sociales y espacios de comunicación. Hasta el momento, la Secretaría de Salud de Boyacá no ha emitido un pronunciamiento oficial que esclarezca las causas de los retrasos ni establezca un cronograma de pagos. La situación plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de los programas de salud pública en el departamento y las condiciones laborales de quienes los ejecutan, en un contexto donde la prestación de servicios esenciales depende directamente de estos profesionales.
