En un paso significativo hacia la reforma del sistema de pensiones en Colombia, la Corte Constitucional ha anunciado una modificación fundamental en el cálculo de las semanas cotizadas. Esta medida tiene como objetivo principal aliviar las dificultades que enfrentan muchos trabajadores al intentar cumplir con los requisitos necesarios para acceder a su pensión de vejez.
La problemática era evidente: a pesar de haber alcanzado la edad requerida y haber dedicado décadas al trabajo, muchos empleados se encontraban cortos en las 1.300 semanas cotizadas exigidas. Esto les dejaba en una situación precaria al momento de solicitar su merecida jubilación.
La presidencia de la Corte, encabezada por la magistrada Diana Fajardo Rivera, en conjunto con el magistrado José Fernando Reyes Cuartas como vicepresidente, ha liderado esta iniciativa con el propósito de facilitar el acceso a la pensión para aquellos que han contribuido al sistema durante años.
El cambio es sutil pero significativo: en lugar de seguir utilizando un período fijo de 30 días para el cálculo de las semanas cotizadas, se optará por considerar los días calendario. Esto implica que cada día laborado, ya sea en meses de 28, 30 o 31 días, contará de manera proporcional hacia el total de semanas necesarias para la pensión.
Instituciones
La génesis de esta decisión radica en casos como el de una mujer que, tras el fallecimiento de su esposo, se vio impedida de acceder a la pensión de sobreviviente debido a la falta de semanas cotizadas. Aunque inicialmente parecía que no alcanzaría el mínimo requerido, el nuevo método de cálculo reveló que, en realidad, había contribuido lo suficiente para merecer el beneficio.
Con este ajuste, la suma de días cotizados se convierte en un cálculo más preciso y justo, teniendo en cuenta la realidad del calendario y permitiendo que aquellos que han trabajado arduamente no se vean privados de su derecho a una pensión digna.
Esta reforma es un claro ejemplo de cómo las instituciones pueden adaptarse y evolucionar para responder a las necesidades cambiantes de la sociedad. Además de beneficiar a los trabajadores actuales, sienta un precedente importante para el futuro del sistema de pensiones en Colombia, promoviendo la equidad y la justicia social en el acceso a la jubilación.