Los predios recuperados enfrentan vacíos legales y abandono estatal.
Redacción Extra
En el municipio de Puerto Boyacá, 26 familias campesinas de la Asociación Isla Jardín avanzan en un proceso de producción agrícola sobre tierras que, durante décadas, estuvieron vinculadas a estructuras armadas ilegales. Aunque hoy estos predios generan alimentos como arroz, maíz, yuca y plátano, el trasfondo judicial y los desafíos estructurales del proceso siguen siendo motivo de análisis y preocupación. Las 3.040 hectáreas entregadas hacen parte de 17 fincas que en el pasado fueron utilizadas por organizaciones criminales, algunas relacionadas con figuras como Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, así como con el mercenario Yair Klein, quien entrenó grupos paramilitares en la región. Este contexto convierte la recuperación de estos terrenos en un proceso no solo productivo, sino también judicial y simbólico dentro de la reparación a víctimas del conflicto armado.
La adjudicación de los predios fue liderada por la Agencia Nacional de Tierras, junto a la Sociedad de Activos Especiales y el Fondo de Reparación de las Víctimas, entidades encargadas de administrar y redistribuir bienes incautados a estructuras ilegales. Sin embargo, este tipo de procesos suele enfrentar retos jurídicos, especialmente en lo relacionado con la titularidad definitiva de la tierra, posibles reclamaciones de terceros y la seguridad jurídica de los beneficiarios. A pesar de que los cultivos ya están en marcha y han comenzado a abastecer mercados locales, persisten dificultades logísticas y de acceso. Algunos predios, como “Los Limones”, requieren entre tres y cuatro horas de desplazamiento por vías en mal estado, lo que limita la comercialización eficiente y pone en evidencia la falta de infraestructura estatal en zonas priorizadas para la reforma agraria.
Desde una perspectiva crítica, expertos han advertido que la sostenibilidad de estos proyectos no depende únicamente de la entrega de tierras. Factores como la asistencia técnica, el acceso a créditos, la formalización de la propiedad y la presencia institucional son determinantes para evitar que estos territorios vuelvan a ser vulnerables a economías ilegales o disputas por el control territorial.
En el plano judicial, estos predios continúan bajo el seguimiento de las autoridades, dado su origen en procesos de extinción de dominio. Esto implica que cualquier irregularidad en su uso o en el cumplimiento de las condiciones de adjudicación podría derivar en revisiones legales o incluso en la reversión de los bienes.
Si bien la experiencia en Puerto Boyacá representa un avance en la recuperación de tierras y en la reconstrucción del tejido social, también expone los vacíos históricos del Estado en zonas afectadas por la violencia. El reto no solo es producir alimentos, sino garantizar que estos territorios no vuelvan a convertirse en escenarios de ilegalidad, sino en ejemplos sostenibles de justicia, reparación y desarrollo rural.
