La publicación de un artículo de Hannah Escobar —activista conocida en la red social X como missmelindres y aspirante a la Cámara de Representantes— abrió una nueva discusión en Colombia sobre la crisis venezolana y los límites del derecho internacional. El texto surgió como respuesta a una columna del investigador y académico Rodrigo Uprimny y fue titulado “Lo que te están diciendo (mintiendo)…”.
En su escrito, Escobar cuestiona una postura frecuente en sectores académicos y progresistas que reconoce al gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura, pero descarta cualquier intervención por considerar que vulneraría el derecho internacional. Sobre ese razonamiento, sostiene que se trata de un argumento “impecable” únicamente si se acepta analizar la realidad desde un nivel de abstracción casi total.
La autora afirma que muchos análisis jurídicos dejan de lado lo que denomina las “condiciones materiales concretas” en las que se ejerce el poder político. A su juicio, conceptos como derecho, soberanía y autodeterminación no pueden entenderse de manera aislada, pues hacerlo conduce a una forma de “evasión política”. En ese marco, cuestiona el rol de los organismos multilaterales y señala que el Consejo de Seguridad de la ONU está estructurado para mantener equilibrios de poder que, en el caso venezolano, terminan favoreciendo la permanencia del régimen.
Escobar también pone en discusión el uso del concepto de soberanía para defender al Estado venezolano. Asegura que esta no puede reducirse a una proclamación formal y argumenta que Venezuela no ejerce control autónomo sobre áreas clave como la política energética, militar, financiera y electoral. “La cuestión central no es si una intervención viola la soberanía, sino cuál soberanía se está protegiendo”, escribe, al tiempo que critica la confusión entre Estado, régimen y pueblo.
En otro apartado, la autora señala lo que considera una omisión sistemática en el debate internacional: la influencia prolongada de países como China, Rusia e Irán en Venezuela. Según plantea, estas intervenciones —que define como reales y sostenidas— no despiertan la misma defensa del principio de soberanía que una eventual acción de Estados Unidos, lo que evidenciaría, a su juicio, un criterio político más que jurídico.
El texto también aborda la forma en que se presenta a la ciudadanía venezolana en el debate público. Escobar rechaza que se les trate como actores sin capacidad de decisión y afirma que los venezolanos evalúan escenarios posibles frente a una realidad que describe como materialmente insoportable. En ese contexto, considera que optar por una transición incierta puede resultar una decisión racional frente a la continuidad de la represión, el exilio y el deterioro de las condiciones de vida.
En el cierre del artículo, la autora sostiene que la consecuencia práctica de una postura estrictamente legalista es la prolongación de la dictadura, la persistencia de la represión y un mayor empobrecimiento de la población. “No es neutralidad, es la preservación pasiva del orden vigente”, concluye.
La publicación desató una intensa controversia en redes sociales y en el ámbito político. Sectores empresariales y figuras críticas del gobierno del presidente Gustavo Petro expresaron respaldo a la posición de Escobar, mientras que voces cercanas al oficialismo la cuestionaron con dureza.
Entre los apoyos más visibles se destacó el del presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, quien recomendó públicamente la lectura del artículo y coincidió con sus planteamientos. En su pronunciamiento, cuestionó qué principios, soberanías y estados de derecho se defienden cuando, durante años, se han tolerado graves violaciones a leyes y derechos fundamentales ante la mirada de la comunidad internacional.
Finalmente, diversos analistas han considerado pertinente el enfoque propuesto por Escobar, al señalar que su texto introduce una lectura centrada en las condiciones materiales del poder y en los efectos concretos que tiene la aplicación abstracta del derecho internacional sobre la población venezolana. Desde esta perspectiva, el artículo amplía la discusión más allá del marco normativo y coloca en primer plano el impacto real de la crisis política, institucional y social de Venezuela, en un contexto regional marcado por profundas divisiones.
