El terremoto que sacudió al país obligó al nuevo Gobierno y al Congreso de la República a modificar parte de su programación y concentrar esfuerzos en la atención de las zonas más afectadas por la emergencia.
El vicepresidente José Manuel Restrepo explicó que el Ejecutivo reorganizó sus prioridades para responder a las necesidades de las comunidades damnificadas. Según señaló, las instituciones trabajan de manera coordinada en labores de rescate, asistencia humanitaria, recuperación de infraestructura y acompañamiento territorial.
Restrepo también indicó que el Gobierno inició contactos con aliados internacionales con el propósito de gestionar apoyo para las poblaciones afectadas por el movimiento telúrico. De esta manera, varias de las actividades previstas para los primeros días de administración quedaron temporalmente relegadas ante la magnitud de la emergencia nacional.
Congreso ajusta su programación
La tragedia también modificó la agenda legislativa. El presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, manifestó que el Congreso debe acompañar los esfuerzos institucionales y mantener la unidad para atender a las comunidades golpeadas.
Barguil resaltó la importancia del diálogo y los consensos durante la emergencia, además de señalar que la agenda legislativa debe tener en cuenta las necesidades de las regiones afectadas, sin dejar de lado los asuntos constitucionales pendientes.
Como parte de los cambios, la Cámara aplazó las plenarias previstas para el 11 de agosto, que fueron reprogramadas para el 18 de agosto. También quedó postergada la instalación de comisiones legales, especiales y accidentales.
Elección del contralor sigue en pie
Aunque varias actividades fueron aplazadas, la elección del nuevo contralor general de la República se mantiene en el calendario del Congreso.
El secretario de la Cámara de Representantes, Miguel Sánchez, confirmó que la elección continúa programada para el miércoles 12 de agosto, a las 9:00 de la mañana.
En medio de la emergencia, el senador Andrés Forero también pidió al Gobierno declarar la emergencia económica, argumentando que la magnitud del desastre requiere medidas extraordinarias para atender sus consecuencias.
Así, mientras el Ejecutivo concentra sus capacidades en la respuesta al terremoto, el Congreso reorganiza temporalmente sus actividades y mantiene algunos procesos institucionales considerados prioritarios.
