Un choque anticipado en medio de la transición política
En medio de una de las transiciones más tensas de la historia reciente de Colombia, surge un nuevo foco de conflicto: la política de peajes. El presidente saliente, Gustavo Petro, cuestionó públicamente la postura de la próxima ministra de Transporte, Elsa Noguera, designada por el presidente electo Abelardo de la Espriella, lo que evidencia diferencias profundas sobre el futuro del modelo de infraestructura vial en el país.
El debate no solo refleja una discrepancia técnica, sino también un choque de visiones políticas sobre el rol del Estado, la financiación de las vías y el impacto económico de los peajes en los ciudadanos.
La política de peajes de Petro: reducción y transformación del modelo
Durante su gobierno, Petro impulsó una estrategia orientada a disminuir el costo de los peajes y, en algunos casos, replantear su existencia. Entre las medidas más destacadas estuvo la reducción significativa de tarifas en corredores estratégicos como la Autopista del Café, donde los cobros pasaron de cerca de 18.000 pesos a apenas 700 pesos en ciertos tramos .
El mandatario defendió estas decisiones como parte de una política de justicia social y movilidad, argumentando que los peajes se habían convertido en una barrera económica para amplios sectores de la población. Incluso llegó a plantear la eliminación progresiva de estos cobros en todo el país, en línea con un modelo de infraestructura financiado directamente por el Estado .
Además, su administración exploró alternativas como las vías 5G sin peajes, financiadas con recursos públicos, buscando reducir la dependencia del modelo de concesiones privadas .
Elsa Noguera y el nuevo enfoque: continuidad del modelo de concesiones
La designación de Elsa Noguera como ministra de Transporte en el gobierno entrante ha reavivado el debate. Noguera, con amplia experiencia en gestión pública —incluyendo su paso como alcaldesa de Barranquilla, gobernadora del Atlántico y ministra de Vivienda—, ha sido asociada a una visión más cercana al modelo tradicional de concesiones viales .
Este esquema se basa en la participación del sector privado en la construcción y mantenimiento de carreteras, financiado en gran medida a través del cobro de peajes. Aunque este modelo ha permitido el desarrollo de importantes obras de infraestructura, también ha sido criticado por generar altos costos para los usuarios.
Las señales iniciales del nuevo gobierno apuntan a una posible revisión —o incluso reversión— de algunas de las políticas impulsadas por Petro, especialmente aquellas relacionadas con la reducción de tarifas.
El origen del choque: visiones opuestas sobre el papel del Estado
La crítica de Petro a Noguera se centra en lo que considera un retroceso en materia de equidad y acceso. Para el presidente saliente, volver a fortalecer el modelo de concesiones podría implicar un aumento en los costos de transporte y un freno a la integración regional.
Por su parte, sectores cercanos al gobierno entrante defienden la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera de los proyectos viales y atraer inversión privada para impulsar la infraestructura del país.
Este desacuerdo refleja una tensión más amplia: mientras Petro apuesta por un Estado más interventor, el nuevo gobierno parece inclinarse por una mayor participación del sector privado.
Un debate con impacto nacional
El tema de los peajes ha sido históricamente sensible en Colombia. Expertos han advertido que las decisiones en esta materia no solo afectan la movilidad, sino también la competitividad económica, el costo de vida y el desarrollo regional.
Durante la campaña, varias de las medidas del gobierno Petro, como la reducción de peajes, generaron polémica y cuestionamientos técnicos sobre su viabilidad a largo plazo .
En este contexto, la postura que adopte el nuevo Ministerio de Transporte será clave para definir el rumbo de la infraestructura vial en los próximos años.
Un nuevo frente de tensión política
El cruce entre Petro y Noguera se suma a un ambiente político ya marcado por la polarización y la desconfianza entre el gobierno saliente y el entrante. La transición ha estado rodeada de controversias, acusaciones y diferencias ideológicas que han dificultado el diálogo institucional.
Así, el debate sobre los peajes se convierte en un símbolo de un conflicto mayor: el rumbo económico y social que tomará Colombia en la nueva etapa política.
Mientras tanto, millones de colombianos siguen atentos a una discusión que impacta directamente su bolsillo y su vida cotidiana.
