Bogotá, D.C. Un delicado choque institucional y social sacude las esferas públicas del país tras la radicación de una solicitud formal de retractación dirigida a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Carolina Restrepo Cañavera. La petición fue presentada por la destacada académica colombiana y doctora en estadística Hanwen Zhang, quien acusa a la alta funcionaria de emitir declaraciones estigmatizantes vinculadas a su origen y ascendencia china.
El conflicto tuvo su origen en las plataformas digitales, donde Zhang, profesora de la Universidad Nacional de Colombia, publicó una reflexión en la que cuestionaba el eslogan institucional “la familia es una”. La respuesta por parte de Restrepo Cañavera escaló la discusión a un plano diplomático al citar el mensaje de la docente y dirigir unas palabras explícitas a la Embajada o Ministerio de Relaciones Exteriores de China:
«Sea cual sea su misión en Colombia, considérela cumplida. Está completamente agotada. Es hora de seguir adelante», escribió la directora del ICBF en la red social.
La reacción de la comunidad académica y de la propia investigadora no se hizo esperar. Zhang, de nacionalidad colombiana, rechazó de manera categórica que su opinión o posturas técnicas respondan a una agenda encubierta, un encargo diplomático o actividades de injerencia transnacional.
La docente argumentó que atribuir sus opiniones como ciudadana a los intereses de una potencia extranjera vulnera sus derechos fundamentales y fomenta prejuicios raciales:
«Una afirmación de este tipo, proveniente de una alta funcionaria pública, puede alimentar estigmatización y hostigamiento por razón de mi ascendencia. No pido explicaciones, exijo una retractación clara, directa y pública.»
El caso ha encendido las alarmas entre analistas jurídicos, defensores de derechos humanos y organizaciones académicas, abriendo un complejo debate sobre los límites éticos y legales que deben guiar las intervenciones de los servidores públicos en redes sociales.
La académica advirtió que, de no recibir una respuesta satisfactoria de fondo dentro de los términos legales establecidos por la ley, interpondrá las acciones constitucionales correspondientes para proteger su buen nombre y derecho a la no discriminación. El incidente deja en evidencia los riesgos de instrumentalizar el origen ético o nacional de los ciudadanos para descalificar la crítica social.