El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto del Gobierno del presidente Gustavo Petro que reorganizaba el funcionamiento territorial de las EPS y permitía el traslado masivo de afiliados hacia la Nueva EPS en diferentes regiones del país. La decisión judicial frena, por ahora, una de las medidas más polémicas impulsadas por el Ejecutivo dentro de la reforma al sistema de salud.
La medida cautelar recae sobre el Decreto 0182 de 2026, expedido por el Ministerio de Salud, que establecía límites al número de EPS autorizadas para operar en municipios y departamentos según criterios de cobertura y participación. En la práctica, esto podía generar el traslado automático de millones de usuarios hacia la Nueva EPS, especialmente en zonas donde quedaría como única aseguradora habilitada.
El alto tribunal consideró que el decreto podría vulnerar derechos fundamentales relacionados con la libre escogencia de EPS, así como afectar la continuidad y calidad en la prestación del servicio de salud. Además, advirtió que la Nueva EPS enfrenta dificultades financieras y operativas que generan preocupación sobre su capacidad para asumir nuevos afiliados.
La demanda que llevó a la suspensión fue presentada por la exrepresentante Katherine Miranda, quien señaló que la norma abría la puerta a traslados forzosos sin consentimiento de los usuarios. Según cifras mencionadas durante el proceso, cerca de 6,6 millones de colombianos podrían verse impactados por la reorganización del sistema planteada en el decreto.
Desde el Gobierno Nacional defendieron la iniciativa argumentando que buscaba mejorar la atención en regiones apartadas y reducir la fragmentación del sistema de salud. Sin embargo, el Consejo de Estado concluyó que existía un riesgo para el derecho a la salud mientras se estudia de fondo la legalidad de la norma.
