La Procuraduría General de la Nación suspendió en primera instancia por un año y dos meses (14 meses) al concejal de Bogotá Julián Forero, “Fuchi”, por el uso de expresiones ofensivas contra agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá.
El proceso se originó con un incidente ocurrido el 22 de febrero de 2024, cuando Forero fue requerido en un retén policial. Según la Procuraduría, el concejal se refirió a los uniformados como “perros” y “gamines”, lo que representó una agresión verbal y un acto de irrespeto digno de sanción disciplinaria.
Irrespeto a la autoridad
Suspensión del concejal Julián Forero
La Procuraduría destaca que, por su rol como funcionario público (concejal de Bogotá) Forero tenía el deber de actuar con decoro, tolerancia y respeto hacia las autoridades. En el comunicado, la entidad señala que el concejal “sabía que, como concejal de la ciudad de Bogotá, como funcionario público (…) debía tratar con acatamiento, tolerancia y decoro a las personas con las que por razón de su investidura y cargo debía un deber de respeto”.
Adicionalmente, se argumenta que Forero no solo incurrió en un acto reprochable de trato verbal sino que vulneró los deberes propios de un servidor público al desconocer los valores que rigen la función administrativa, al actuar con “ausencia de rectitud” y de manera irrespetuosa hacia funcionarios de la fuerza pública.
La decisión de la Procuraduría es de primera instancia y puede apelarse ante la Sala de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, lo que implica que Forero podrá continuar en su cargo mientras se resuelve la segunda instancia del proceso.
El hecho ha generado debate sobre la conducta de los funcionarios públicos respecto al trato con las autoridades policiales y el estándar ético exigible en cargos de representación pública. El expediente recuerda que el altercado ocurrió cuando Forero transitaba por la Avenida 68 en Bogotá y fue sometido a un control; según su versión, los agentes habrían actuado indebidamente al atravesar su motocicleta, quitar llaves y amenazar con arma, lo que él denunció públicamente.
Por su parte, el concejal ha denunciado que su accionar fue una reacción a lo que consideró un procedimiento policial irregular, pero la Procuraduría entiende que más allá del contexto, el uso de expresiones ofensivas y el menosprecio hacia la autoridad constituyen faltas graves disciplinarias.