En cumplimiento de una decisión disciplinaria en firme, la Gobernación de Boyacá ordenó la suspensión temporal del alcalde de Cerinza, Luis Carlos Chía Hernández, luego de que la Procuraduría General de la Nación confirmara una sanción en su contra por hechos relacionados con afectaciones ambientales ocurridas durante un periodo anterior de su administración.
La decisión se origina en una investigación adelantada por el Ministerio Público por hechos registrados entre 2016 y 2019, cuando Chía Hernández se desempeñó como alcalde del municipio, y que están relacionados con la contaminación del río Toba. De acuerdo con el fallo, el entonces mandatario incurrió en omisiones frente al vertimiento de aguas residuales provenientes de un tramo del alcantarillado municipal que presentaba fallas estructurales.
Según la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, el alcalde tenía conocimiento tanto del daño ambiental como de su causa, derivada de una obra ejecutada de manera deficiente por la administración municipal. No obstante, se concluyó que no se adoptaron acciones eficaces para mitigar o detener el impacto contaminante, pese a que la situación se prolongó por cerca de dos años y medio.
La Procuraduría determinó que la conducta del funcionario configuró una falta grave a título de culpa grave, al evidenciarse negligencia en el cumplimiento de sus deberes como autoridad administrativa y ambiental. El fallo también tuvo en cuenta los requerimientos reiterados de la comunidad, sin que se evidenciara una respuesta institucional efectiva para corregir el vertimiento de residuos líquidos sin tratamiento al afluente.
El Ministerio Público señaló que la inacción del entonces alcalde no solo generó consecuencias ambientales, sino que afectó el interés general, al comprometer el saneamiento básico y el adecuado cumplimiento de los fines de la administración pública.
Tras la notificación de la sanción, el gobernador de Boyacá procedió a su ejecución y designó como alcaldesa encargada de Cerinza a Gloria Esperanza Vega Pinto, quien asumirá temporalmente las funciones mientras se cumple el término de la suspensión.
La Procuraduría reiteró que la confirmación de la sanción se fundamenta en la responsabilidad disciplinaria atribuida al funcionario por no actuar de manera oportuna frente a un problema conocido, con impacto directo sobre los recursos naturales y la salud ambiental del municipio.
