En un contundente fallo, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial suspendió por tres años a un abogado implicado en un escandaloso desvío de recursos destinados a la educación en el departamento de Putumayo. El profesional del derecho, señalado de participar en un esquema de corrupción que afectó al Sistema General de Participaciones (SGP), también fue multado con la suma de $47.080.860, monto que fue indebidamente retenido por el acusado.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, mediante ponencia de la magistrada Magda Victoria Acosta Walteros, concluyó que el abogado actuó con pleno conocimiento de las irregularidades. «Si una persona, y en especial un profesional del derecho, recibe en su cuenta bancaria un valor de dicha magnitud sin mediar los trámites de ley, resulta evidente que los recursos son producto de un movimiento abiertamente irregular», señala el fallo.
Alertas
El caso, que ha sacudido al departamento de Putumayo, fue investigado tras alertas emitidas hace siete años por la Contraloría General de la República. La investigación reveló un fraude de grandes proporciones en el que servidores públicos, abogados y particulares se confabularon para desviar recursos públicos. A través de un mecanismo fraudulento, estos actores involucrados disfrazaron pagos de salarios para docentes, que en realidad nunca existieron, como una forma de justificar el desvío de dinero del SGP.
Fraude
El abogado en cuestión, cuya identidad no ha sido revelada públicamente, actuó como representante de un supuesto docente adeudado por el sistema educativo. Sin embargo, la realidad era muy diferente. La víctima de este fraude no solo no autorizó ninguna representación legal, sino que además se encontraba privado de la libertad por cargos de abuso sexual a un menor de edad. El abogado logró que le giraran más de $47 millones bajo la falsa premisa de representar a este profesor, lo que resultó en un claro movimiento irregular de recursos.
La investigación también destapó una serie de irregularidades en los documentos utilizados para respaldar la solicitud de pago. Según los informes, los sellos y firmas de la notaría en los documentos no correspondían a la Notaría del Valle de Guamuez, y el docente supuesto beneficiario negó haber firmado o autorizado cualquier tipo de trámite. Estos elementos confirmaron la participación consciente del abogado en el fraude.
Aunque en su defensa el abogado alegó haber sido víctima de un engaño por parte de una funcionaria de la Secretaría de Educación Departamental, quien lo habría contactado para representar a varios profesores con derechos salariales, las evidencias presentadas en el expediente disciplinario contradijeron esta versión. Los testimonios y pruebas recopiladas demostraron que el abogado actuó con pleno conocimiento de las irregularidades y que su participación en el esquema fue intencional.