Durante el año 2025, las cooperativas de ahorro y crédito y demás entidades del sector solidario desempeñaron un papel clave en el fortalecimiento de la economía popular en Colombia, al desembolsar más de 11,2 billones de pesos en créditos productivos, dirigidos principalmente a pequeños negocios, emprendimientos y actividades económicas de base comunitaria. Así lo informó la Superintendencia de la Economía Solidaria (Supersolidaria), en el marco del balance del Pacto por la Democratización del Crédito, impulsado por el Gobierno nacional.
La superintendenta María José Navarro explicó que el 88 % de los recursos desembolsados por las cooperativas fue destinado a personas pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3, lo que refleja un claro enfoque en los sectores históricamente excluidos del sistema financiero tradicional. Este comportamiento contrasta significativamente con el de la banca tradicional, que solo destinó alrededor del 4 % de sus desembolsos a la economía popular, mientras que las cooperativas canalizaron el 84 % del financiamiento asociativo y productivo hacia estos estratos.
El informe también destaca que, durante los primeros tres años del gobierno del presidente Gustavo Petro, los créditos dirigidos a la economía popular, asociativa y solidaria aumentaron en 2,5 billones de pesos, lo que evidencia un crecimiento sostenido del apoyo financiero a este sector. Este incremento no solo se refleja en el volumen total de recursos, sino también en el valor promedio de los créditos otorgados, que pasó de 7.400.000 pesos en 2023 a más de 10.800.000 pesos en 2025, fortaleciendo la capacidad productiva de los beneficiarios.
Según explicó la superintendenta, estos resultados son consecuencia directa del Pacto por la Democratización del Crédito, una estrategia del Gobierno nacional orientada a facilitar el acceso a financiación a personas y organizaciones que tradicionalmente han quedado por fuera de la banca convencional. El objetivo central de esta iniciativa es respaldar a sectores considerados estratégicos para la reactivación económica y promover la transformación productiva en territorios con mayores dificultades de acceso al crédito.
María José Navarro subrayó que el impacto del pacto no debe medirse únicamente por el monto total de recursos desembolsados, sino por el destino y uso social de los créditos. En ese sentido, señaló que una misma cantidad de dinero puede generar efectos económicos y sociales muy distintos dependiendo de a quién se le otorgue y para qué se utilice. Aunque desde la firma del pacto el sistema financiero en su conjunto ha desembolsado 244 billones de pesos en créditos, esta cifra por sí sola no garantiza el cumplimiento del propósito del programa.
En conclusión, el balance presentado por Supersolidaria muestra que las cooperativas de ahorro y crédito han sido un instrumento fundamental para la inclusión financiera, al priorizar a los sectores de menores ingresos y contribuir de manera directa al fortalecimiento de la economía popular, asociativa y solidaria, alineándose con los objetivos de equidad, reactivación económica y desarrollo territorial promovidos por el Gobierno nacional.
