La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios anunció que cerca de 2,6 millones de usuarios del servicio de gas natural en Colombia recibirán la devolución de aproximadamente 8.796 millones de pesos debido a cobros superiores a los permitidos por la regulación. El acuerdo se logró con la empresa transportadora de gas Promotora de Gases del Sur S.A. E.S.P. (Progasur), que reconoció haber aplicado durante casi tres años una tarifa más alta de la autorizada legalmente.
Según explicó la entidad, los cobros indebidos se realizaron desde el 1 de julio de 2023 hasta el 31 de mayo de 2026. Durante ese periodo, Progasur utilizó una tasa superior a la regulada del 10,94%, afectando a millones de usuarios en diferentes regiones del país. Tras las investigaciones y negociaciones adelantadas por la Superintendencia, la empresa aceptó corregir inmediatamente la situación y devolver el dinero cobrado en exceso.
El mecanismo para hacer las devoluciones será a través de descuentos reflejados directamente en las facturas del servicio de gas natural. Los usuarios comenzarán a recibir estos ajustes desde junio de 2026 y el proceso se extenderá hasta el 31 de diciembre del mismo año. De esta manera, no será necesario realizar trámites adicionales, ya que la devolución se aplicará automáticamente en las cuentas de cobro.
Los departamentos beneficiados con esta medida son Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Tolima, Valle del Cauca y Norte de Santander. En todas estas regiones, las empresas distribuidoras de gas deberán trasladar el dinero a los usuarios finales mediante las facturas mensuales. La Superintendencia indicó que realizará vigilancia permanente para garantizar que las devoluciones realmente lleguen a las personas afectadas.
El acuerdo alcanzado entre la Superintendencia y Progasur fue denominado “Programa de Gestión Acordado”. Según las autoridades, este es el primer acuerdo de este tipo que se firma con una empresa transportadora de gas en Colombia. El objetivo de este mecanismo es permitir que las compañías corrijan errores o irregularidades en la prestación del servicio sin necesidad de llegar de inmediato a sanciones o procesos judiciales más severos.
La entidad explicó que este tipo de programas busca mejorar la eficiencia y transparencia en los servicios públicos, garantizando que los usuarios paguen tarifas justas y reciban un servicio adecuado. Además, destacó que el caso de Progasur podría servir como precedente para fortalecer los controles sobre otras empresas del sector energético.
La Superintendencia también informó que actualmente adelanta investigaciones contra otras seis empresas transportadoras de gas por posibles irregularidades relacionadas con el traslado ineficiente de costos a los usuarios. Esto significa que podrían existir más casos en los que los ciudadanos hayan pagado tarifas más altas de lo permitido por las normas regulatorias.
En conclusión, el acuerdo representa una medida importante de protección para millones de usuarios de gas natural en Colombia. Además de ordenar la devolución de casi 9.000 millones de pesos, el caso pone en evidencia la necesidad de mantener controles estrictos sobre las tarifas de los servicios públicos y garantizar que las empresas respeten las regulaciones establecidas para evitar afectaciones económicas a los consumidores.
