A punto de convertirse en ley se encuentra el proyecto ‘Ingreso Mujer’, el cual crea un subsidio especial para las mujeres y hombres cabeza de familia que tengan bajo su cuidado a personas en condición de discapacidad.
La iniciativa, de autoría de la representante a la cámara, Teresa Enríquez Rosero, y a la que le resta sólo un debate en la plenaria del Senado de la República, “busca resarcir la deuda histórica y la brecha estructural que padecen las mujeres en Colombia en diferentes ámbitos, entre ellos la generación de ingresos y el acceso a empleo, y que se profundizan cuando existen condiciones de vida complejas”.
Los beneficiados
El proyecto de Ley 443 de 2021 busca la “creación de un subsidio como derecho compensatorio que contribuya a superar la situación de debilidad económica de subsistencia de la mujer u hombre cabeza de familia, como sujeto de protección del Estado”.
Del mismo modo la ley contempla que los beneficiados deben ser mujeres u hombres que ejerzan la jefatura del hogar y tengan a su cargo personas con discapacidad, cuyos ingresos familiares no superen los dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo cual a la fecha significa que sus ingresos sean menores a un 1 millón 800 mil pesos aproximadamente.
Protección constitucional
La congresista explicó que el proyecto es una vía para materializar la responsabilidad del Estado frente a dos grupos de especial protección constitucional, como lo son las mujeres cabeza de familia y la población en condiciones de discapacidad, temas que fueron compromisos de campaña y que ha venido trabajando en esta legislatura.
“El panorama para la mujer cabeza de familia se agrava cuando dicha mujer es responsable del cuidado de personas de su núcleo familiar en condiciones de especial protección y que necesitan del apoyo estatal.
Aunque Colombia no tiene una cifra exacta de la población que tiene alguna condición de discapacidad, según el Dane para noviembre de 2018, de una cobertura geográfica del 99,8 %, aproximadamente, el 7,2% de los colombianos tiene alguna de estas condiciones”, indicó Enríquez Rosero.
Aprobado por el Gobierno
“La gente me pregunta si en mi núcleo familiar hay personas con discapacidad? Les respondo no, he trabajado por esta población desde el fondo de mi corazón en distintos escenarios, y aunque hay mucho por hacer, esta ley será un buen precedente”, precisó.
El texto aprobado, que ya cuenta con el aval del Gobierno nacional a través del Ministerio de Hacienda, prevé que los recursos para el subsidio saldrán, inicialmente, del programa Ingreso Solidario que actualmente se está implementando.
En caso de que este no continúe, a partir de 2023 se deberá fijar un mecanismo de financiación que ofrezca continuidad a la transferencia total o parcial establecida en la iniciativa. De igual forma, se contempla que la transferencia monetaria no será aplicable a los hogares de jefatura femenina beneficiarios de otros programas de transferencias implementados por el Gobierno nacional.
Práctica profesional
La representante a la Cámara Teresa Enríquez Rosero es la autora de la Ley 2043 de 2020 que reconoce la práctica profesional como experiencia laboral. Admite que no es la solución al desempleo, pero sí un avance contra las barreras de acceso al mercado de trabajo para los jóvenes y demás personas que terminan sus estudios.
Compromiso cumplido
“Que una persona no pueda ingresar al mercado por una barrera como la experiencia es, de alguna manera, violatorio del derecho al trabajo y al mínimo vital. Las familias deben realizar esfuerzos para educar a sus hijos, pero cuando estos terminan sus ciclos de educación no pueden tener una remuneración digna y retribuir ese esfuerzo. Había una paradoja: el Estado promovía la educación, pero nadie estaba pensando en que los profesionales, técnicos y tecnólogos no podían acceder al empleo”, indicó.
Esta ley fue compromiso de campaña por parte de la parlamentaria y manifiesta así, haberle cumplido a este grupo poblacional, ahora espera volver a llegar al Congreso de la República para el periodo 2022-2026.