Por: Alina Constanza Silva
El próximo 25 de julio será un día crucial para Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López, tres nombres que han resonado en los últimos meses en el ámbito judicial colombiano. La Fiscalía ha anunciado que se llevarán a cabo las primeras audiencias de imputación y solicitud de medida de aseguramiento en su contra, en el marco de la presunta corrupción con la compra de carrotanques para La Guajira. Sin embargo, la historia parece mucho más compleja y podrida de lo que se ve a simple vista.
La Fiscalía, que ha negado el principio de oportunidad a Luis Eduardo López, ha destapado una red de corrupción que parece envolver a figuras de alto calibre como ministros, senadores y representantes a la Cámara. Las declaraciones de Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia han salpicado a varios personajes, dejando en evidencia una presunta corrupción que habría desangrado a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Pero, como era de esperarse en un país donde la justicia parece tener una venda selectiva, los peces gordos parecen nadar libres mientras los más pequeños son arrojados al fango.
La Fiscalía ha fijado las audiencias para las 9:00 de la mañana del jueves 25 de julio, en las que se imputarán cargos y se solicitarán medidas de aseguramiento contra Olmedo López, exdirector de la UNGRD; Sneyder Pinilla, exsubdirector para el Manejo de Desastres; y Luis Eduardo López Rosero, alias ‘El Pastuso’, contratista. Se les investiga por las irregularidades en un contrato de más de 46 mil millones de pesos para la compra de carrotanques destinados a La Guajira, contrato que no sólo resultó en sobrecostos, sino que también se denuncia que los fondos terminaron en manos de congresistas para facilitar la aprobación de reformas del gobierno de Gustavo Petro.
Luis Eduardo González, quien en un principio pensó en salvar a su esposa e hija de la decisión de la Fiscalía, se encuentra ahora en el ojo del huracán, arriesgando no sólo su libertad, sino también la de su familia. Esta contratación, vista en su momento como un negocio jugoso, se ha convertido en su peor pesadilla.
Por estos días, el país no sale de su asombro por los escándalos de corrupción en las grandes entidades del Estado. En el caso concreto del sistema de atención de desastres, se encuentra involucrada incluso una nariñense y un presidente de la república como nunca antes había sucedido, llamado a interrogatorio por las altas cortes. Dirigentes políticos de diversas vertientes con asiento en el Congreso de la República, miembros del Senado, de la Cámara y otros altos funcionarios del gobierno nacional están en la misma situación, algo inédito en nuestra historia.
Además, asistimos a la violación de la reserva sumarial en este caso por parte de la Corte Suprema de Justicia, que ha ordenado una investigación. El país también observa con asombro cómo se perdieron o desvalijaron computadores de personas vinculadas a este escándalo, mientras se anuncian otros casos de corrupción en altas entidades del Estado.
Con todo esto, es probable que no pase nada, ya que la violación de los expedientes y la revelación de pruebas reservadas podrían conllevar al archivo de estas investigaciones delicadas. El país espera claridad, al menos en el caso de la UNGRD, y que se investiguen los demás escándalos que involucran a altos funcionarios del gobierno nacional. Recuperar la credibilidad en la justicia colombiana depende de ello. Si no, estaríamos arando en el desierto, y todas estas denuncias no servirían de nada, generando una gran frustración para el pueblo colombiano.
La gran pregunta es: ¿qué pasará con los ministros, senadores y funcionarios que dieron y recibieron las órdenes? Aquí les digo, no va a pasar nada. Es un secreto a voces que la corrupción en Colombia es un mal que sólo parece castigar a los más débiles. Los testimonios públicos de Olmedo López revelan presiones para entregar contratos a la guerrilla del ELN y un plan meticuloso para comprar congresistas con fondos de la UNGRD, asegurando así las mayorías necesarias para la agenda legislativa del Gobierno.
Mientras los implicados menores enfrentan las consecuencias, los verdaderos arquitectos de este entramado siguen en sus cargos, intocables y blindados por un sistema judicial que parece diseñado para protegerlos. La indignación pública crece, pero la acción efectiva sigue siendo una promesa vacía. En Colombia, la justicia es una dama de hierro para los pequeños y una dama de terciopelo para los poderosos.