Cuando ya vamos a estar a 4 meses para los comicios territoriales, en desarrollo de los cuales, el 29 de octubre, los colombianos elegiremos a nuestros próximos gobernadores, alcaldes, diputados, concejales e integrantes de las Juntas Administradoras Locales, JAL, nos parece intolerable saber que por lo menos 12 alcaldes de diferentes regiones del país, están despachando fuera de sus municipios ante las amenazas de los grupos armados.
La denuncia en tal sentido la hizo en las últimas horas el señor Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, quien señaló que las mencionadas amenazas también afectan a los concejales, así como a los integrantes de las juntas de acción comunal.
Nos parece que cuando ya estamos con las elecciones territoriales a la vuelta de la esquina como se dice manera coloquial, no es posible que se estén registrando esta clase de episodios en detrimento de nuestra democracia.
Por ello, consideramos de suma urgencia, la inmediata intervención del Gobierno Nacional para hacerle frente a una situación que no se puede permitir bajo ningún punto de vista, ya que, en el marco de un proceso que tiene tanta transcendencia como lo constituye las elecciones territoriales, se esté dejando sin autoridades a vastas zonas de nuestro país.
«Cuando ya vamos a estar a 4 meses para los comicios territoriales, en desarrollo de los cuales, el 29 de octubre, los colombianos elegiremos a nuestros próximos gobernadores, alcaldes, diputados, concejales e integrantes de las Juntas Administradoras Locales, JAL, nos parece intolerable saber que por lo menos 12 alcaldes de diferentes regiones del país, están despachando fuera de sus municipios ante las amenazas de los grupos armados.«
De ahí, que ho y hacemos eco a esta grave alerta, en que el camino a seguir debe ser el de incrementar la presencia de la fuerza pública en esas zonas que hacen parte de 7 departamentos, así como el de implementar medidas de protección a los funcionarios amenazados, para que estos pueden desempeñar sus funciones, ya que nos estamos refiriendo a unas intimidaciones que provocan una ausencia de la institucionalidad en varios municipios, a pocos meses para la realización de los comicios regionales.
En ese sentido, de acuerdo con el reporte que acaba de entregar la Defensoría del Pueblo, las regiones en las que los alcaldes y otros funcionarios se encuentran desplazados son Maguí Payán, en el departamento de Nariño, Puerto Guzmán en el Putumayo, Villeta en Cundinamarca, Cartagena del Chairá en el Caquetá, Tibú y La Playa en Norte de Santander, El Bagre y Tarazá en Antioquia y Bagadó, Sipí, Río Iró y San José del Palmar, que es el departamento más afectado por estos delicados hechos.
Nuestro llamado es para que el Gobierno Nacional proceda de inmediato a poner en marcha las disposiciones que se requieren para garantizarles una plena seguridad, no solo a los alcaldes que en estos instantes son víctimas de intimidaciones, sino a los 1.102 mandatarios municipales que hay en el país, en especial en esta temporada electoral, que desde hace tiempo está siendo amenazada por los grupos armados ilegales.
Se trata de una protección que igualmente se debe extender a los concejales, personeros, presidentes de juntas de acción comunal y corregidores, quienes también, al igual que los alcaldes se han visto obligados a salir de sus respectivas poblaciones, como la única alternativa para salvar sus vidas, en departamentos como Amazonas, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Norte de Santander, Santander y Tolima.
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Hoy, cuando nos encontramos en plena temporada electoral, todo esto que viene pasando con el propósito que tienen varios de los grupos armados ilegales que operan en Colombia, en el sentido de intervenir en los comicios que se avecinan, tiene que ser tomado como lo que es: una gravísima amenaza a la democracia, que debe enfrentarse con total decisión. Por lo tanto, quedamos a la expectativa, en torno a las acciones del Gobierno para impedir que los alzados en armas sean protagonistas de nuestras elecciones.