El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, calificó como “doloroso” que aunque el máximo tribunal de justicia en Colombia ha actuado para contribuir a la solución del problema, “como también lo ha hecho la Procuraduría, las cosas sigan de mal en peor (…) El diagnóstico pone en relieve la profunda victimización de la niñez indígena en el marco del conflicto armado”, sostuvo.
Durante el Foro “La Primera Infancia Indígena”, que tuvo lugar en las instalaciones de la Contraloría General de la República en Bogotá, el jefe del Ministerio Público confirmó que sigue trabajando con énfasis en la prevención, “que para mi es la prioridad, pero advierto que si los agentes del Estado no cumplen con sus obligaciones para proteger las vidas de estas comunidades vulnerables, vamos a sancionar de manera ejemplar a los responsables”, señaló.
“Nuestra acción desde la Procuraduría busca responsabilizar a aquellos que, tras cinco años de emitida la sentencia de la Corte, no han demostrado gestiones efectivas, señalando un fracaso en la respuesta estatal ante la crisis del pueblo Wayúu”, indicó al dar a conocer que desde el ente de control se han emitido exhortos y pronunciamientos ante la Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional y las entidades vinculadas al ECI.
El Procurador General alertó que los menores de edad con pertenencia étnica indígena son los mayormente afectados por el reclutamiento. “En 2024, de 578 casos reportados, 277 corresponden a esta población y la tendencia continuó en el primer semestre de 2025 con 25 de 55 casos”.
En el mismo sentido manifestó que hay 644 mil 433 menores de 15 años, que representan el 33,8 % de la población indígena total, y el estudio de la situación y la realidad de las cifras evidencia que “las brechas en las oportunidades de la niñez indígena se originan en serias limitaciones estructurales de gobernanza”. De igual manera, dio a conocer que el trabajo institucional adelantado ha permitido establecer que los “planes de acción
territorial no se construyen en coordinación con las autoridades indígenas, lo que resulta en programas que no recogen sus necesidades reales”.
El jefe del Ministerio Público afirmó que hay barreras “insuperables” para para el goce efectivo de sus derechos, entre los que destacó la deficiente infraestructura de bienes y servicios, la falta de acceso a servicios básicos de salud, educación y alimentación, la dispersión geográfica de los resguardos, entre muchos otros.
“Este fracaso está estrechamente vinculado a la incapacidad estatal de superar el conflicto armado interno, consolidar una buena gobernanza y aplicar de manera efectiva el enfoque diferencial”, indicó.
El Procurador resaltó que la entidad ha estado actuando permanentemente con el propósito de exigir que las agencias del Estado cumplan los compromisos que les impone la ley, la Constitución y las sentencias de la Corte Constitucional, “no podemos admitir como representantes de la sociedad que los burócratas sigan las etnias, mueren”, sentenció.