Sindicatos de trabajadores del sector salud expresaron su preocupación frente a la propuesta del presidente Gustavo Petro de liquidar las EPS consideradas “en quiebra”, señalando que la medida podría poner en riesgo la atención de cerca de seis millones de afiliados y más de 6.000 empleos en el país. El pronunciamiento reúne a trabajadores de Emssanar, Asmet Salud y Famisanar, entidades que operan en 15 departamentos del suroccidente, el Eje Cafetero, la Amazonía, el Caribe y la región central.
Los sindicatos recordaron que estas EPS concentran a más de 6,1 millones de usuarios: Emssanar con 1,68 millones, Asmet Salud con 1,58 millones y Famisanar con casi 2,6 millones. Subrayan que, en varios de los territorios donde operan, no existe una alternativa inmediata de atención, por lo que un traslado masivo sin una planeación rigurosa podría agravar problemas ya existentes en el sistema de salud. Para ellos, mover a seis millones de usuarios sin un plan técnico consolidado no solucionaría los desafíos actuales y, por el contrario, podría profundizar las fallas de operación.
En el ámbito laboral, las organizaciones advirtieron que una liquidación dejaría en incertidumbre a miles de empleados, muchos de ellos cabeza de hogar y residentes en regiones con altas tasas de desempleo. Aseguran que la pérdida de estos empleos formales tendría un impacto duradero en las familias que dependen de esos ingresos. También cuestionaron la coherencia entre la propuesta y el discurso gubernamental sobre trabajo digno, pidiendo claridad sobre las alternativas que se ofrecerían a los trabajadores afectados.
Los sindicatos insistieron en que la liquidación no es la única opción y afirmaron que las EPS aún pueden ser viables financieramente. Señalaron que el Gobierno no ha agotado herramientas como el pago de cartera, procesos formales de capitalización o acuerdos de reestructuración financiera, mecanismos que consideran indispensables antes de tomar una decisión de cierre definitivo. A su juicio, avanzar en una liquidación sin explorar estas vías sería prematuro e irreversible.
Finalmente, exigieron al Gobierno Nacional agotar estas alternativas con voluntad real, garantizar un plan territorial que asegure la continuidad del servicio y evitar que tanto trabajadores como usuarios queden desprotegidos. También llamaron a los empleados del sector a mantenerse informados, participar en los procesos y expresar sus preocupaciones de manera responsable y pacífica.
