Por Pablo Emilio Obando
Los presidentes de tres de los más poderosos sindicatos que aglutinan a los trabajadores de las gobernaciones, le hicieron en las últimas horas un fuerte cuestionamiento al gobernador de Nariño, Jhon Rojas a quien sindican de haber incurrido en un prevaricato por acción ante posibles irregularidades en el manejo del erario.
Así lo manifestaron a DIARIO DEL SUR el presidente del Sindicato de Trabajadores de las Gobernaciones, Sintragobernaciones, Javier Patiño; el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Gobernación de Nariño, Sintragobernar Hugo Ruiz y el presidente del Sindicatos de Trabajadores Gobernación Sintragober, Jairo Villota Pérez, quienes acusaron al gobernador Rojas, de estar perpetrando actos ilegales.
Se trata de una situación que en estos momentos un gran escándalo y polémica, ante el enfrentamiento que se presenta entre los integrantes de los sindicatos que agremian a la Gobernación de Nariño y el gobernador Rojas.
Al respecto, ellos afirman que el mandatario departamental está desconociendo las ordenanzas de la Asamblea de Nariño.
Violación a decreto
En efecto, de acuerdo a los análisis hechos por los juristas de Sintragobernaciones, Sintragobernar y Sintragober, tres de los sindicatos más fuertes y representativos en el Departamento, el Gobernador de Nariño, estaría violando y desconociendo el Artículo 399 del Código Penal.
Esto en razón a que “erige el punible por aplicación oficial diferente, el que proscribe acciones como la presente, en la que el erario se está ejecutando conforme al gusto o parecer de quien tiene la facultad de gastarlo y no como lo indica la institucionalidad, en este caso, representada en la Asamblea de Nariño”.
Posible delito
Los representantes de los sindicatos consideran que el gobernador de Nariño, Jhon Rojas, podría estar incurriendo en un “prevaricato por acción” al desconocer el Articulo 43 del Código Penal por cuanto “No se pueden proferir resoluciones, dictámenes o conceptos contrarios a la ley”.
Al respecto, calificaron como peligroso el desconocimiento de las normas al expedir actos administrativos en los que se dispone una ejecución diferente del erario a pesar de existir una Ordenanza por parte de la Asamblea que ordena lo contrario.
Esto, en concepto de los representantes de los sindicatos, se constituye en una acción muy peligrosa para el departamento de Nariño, no solo en lo que tiene que ver con el punto de vista social y político, sino ante las eventuales demandas de responsabilidad patrimonial que se podrían presentar.
Situación irregular
En ese sentido se recuerda que el 17 de mayo de 2017, se expidió una constancia de sanción rubricada por el gobernador encargado de Nariño, Mario Benavides, en la que se deja constancia de la aprobación por parte de la Asamblea Departamental de la Ordenanza No. 007 del 4 de mayo de 2017, en la cual se especifica:
“El valor a apropiar para cada vigencia, con destino a garantizar el funcionamiento del Programa de Bienestar Social, capacitación y estímulos de los empleados públicos de la Gobernación de Nariño-Nivel Central.
De esta manera 400 funcionarios se benefician con la mencionada ordenanza, que disponía de algunos recursos que les permitían pagar gastos de educación familiar y recreación.
Delicada problemática
Sin embargo, según lo que expresan los sindicalistas, el problema se suscita cuando el gobernador Jhon Rojas amplió la base de beneficiarios (aproximadamente 3.000 funcionarios de la educación del departamento) sin aumentar los recursos y perjudicando al conjunto de trabajadores, pues de acuerdo a las nuevas reglas de juego que se pretenden aplicar, la cantidad económica que se percibirá, lógicamente al aumentar el número de beneficiarios, pero no así el dinero, lo que se recibirá será insignificante e ignominiosa.
Es de señalar que de acuerdo al documento entregado por parte de la administración seccional, a algunos integrantes de la Asamblea departamental, “la financiación del programa de bienestar obedeció a un estudio serio, razonado y responsable de la capacidad financiera del departamento en relación a la población beneficiaria. Este factor determinó que el 5% del valor de la nómina central se destinara a este rubro anualmente”.
Grave afectación
De esta manera, la mencionada determinación tomo por sorpresa a los sindicatos de la Gobernación de Nariño, que ante esa decisión ven menguados sus escasos recursos económicas, en detrimento de necesidades tan importantes, como lo son la educación, la recreación y las actividades lúdicas.
En ese sentido, son cantidades los testimonios de las personas afectadas, en los que evidencian la angustia y el dolor que los embarga a todos, por lo que califican como una arbitraria determinación del gobernador de Nariño, Jhon Rojas, con la que de manera abrupta y de un tajo, corta programas sociales de beneficio general.
“Total desconocimiento”
Los presidentes de los sindicatos que aglutinan a los trabajadores de la Gobernación de Nariño, le comentaron a DIARIO DEL SUR, que el grave error no está en que se amplié la base de los beneficiarios de los recursos destinados a los programas sociales a favor de los trabajadores, sino que lo delicado y censurable esto que esto se haga en términos de pauperización y con un claro desconocimiento de las ordenanzas, normas y leyes, mediante los cuales se busca compensar de alguna manera, los bajos salarios que se reciben en las dependencias de la Gobernación de Nariño.
Sobre el particular, ellos dejaron en claro que lo preceptuado en la Ordenanza 007 de 2017 es “para beneficiar únicamente a los empleados públicos del nivel central”, aclarando que son aquellos que se pagan con recursos propios del departamento.
“Una afrenta”
Ante estos hechos los sindicalistas reiteraron que lo delicado es que el gobernador de Nariño, Jhon Rojas, quiera ampliar esta base a más de 3 mil trabajadores que no hacen parte de este nivel y lo que, es en extremo grave, sin gestionar nuevos recursos, lo que señalan se constituye en una verdadera afrenta para el gremio sindical y los 400 trabajadores agremiados quienes observan con profundo dolor cómo sus escasos recursos les están siendo recortados por acciones que a todas luces son ilegales y populista.
¿Están buscando operador?
Los presidentes de los sindicatos señalaron además que más delicado aún es que se sospeche y presuma que lo que existe en el fondo de este asunto es que las verdaderas pretensiones, para estas acciones, radican en la creación de una especie de operador que maneje estos fondos, quedándose con gran parte de lo recaudado.
En ese sentido se teme que esos dineros pasen a engrosar las arcas de intereses privados en detrimento de los verdaderos intereses de los trabajadores oficiales de la Gobernación de Nariño. “No es plausible que se cercenen de esta manera los logros de trabajadores y sindicalistas que han entregado su vida y su esfuerzo en aras de construir un mejor destino para nuestro departamento y su núcleo familiar.”, expresaron los dirigentes sindicales.
Al pretender extender este beneficio a más de tres mil trabajadores con perjuicio para los actuales beneficiarios y de acuerdo a pronunciamientos de los representantes de los sindicatos de la Gobernación de Nariño, afirman que “se omitió por parte del gobernador de Nariño, indicar la fuente de financiación de esa nueva cobertura, lo cual contradice los criterios de previsión financiera a la que está obligado cuando se desea atender las pretensiones económicas de algún sector social”. Además, dejan en claro que “se desatendió la normatividad pertinente a negociaciones sindicales en el sector público, establecida en el Decreto 160 de 2014, que en su artículo 3, reglas de aplicación, numeral 2, prescribe el principio de previsión y previsión…”.
En contravía
Los sindicalistas calificaron como delicado que desde el despacho de la Gobernación de Nariño y rubricado por el mismo gobernador de Nariño se expida un acta de acuerdo final con algunos sindicatos que va en contravía de lo establecido en la Ordenanza 007 de 2017, una negociación “de la que fueron excluidos de manera arbitraria e ilegal, los sindicatos de nivel central de la Gobernación de Nariño: Sintragobernar, Sintragobernaciones y Sintragober”.
De otra parte, afirman que se parte de manifiestas mentiras e interpretaciones por cuanto se aduce en ella que se amplía el beneficio del programa social “para todos los empleados pertenecientes al personal administrativo de la planta global, conforme a lo dispuesto en la Ordenanza 07 de mayo 04 de 2017”. Lo cierto es que la Ordenanza en mención establece que este beneficio es exclusivamente para los trabajadores del nivel central.
Finalmente, los sindicalistas señalaron que es posible que todas esas irregularidades lleven a que en un futuro cercano “los nariñenses nos veamos abocados a serias demandas que culminarán en onerosos pagos para los afectados, dinero que saldrá de nuestro bolsillo y que comprometerá y de manera seria el presupuesto departamental.
Agregaron que “no se puede jugar de esta manera tan irresponsable con los intereses de los trabajadores oficiales vinculados con la Gobernación de Nariño. Si bien es cierto que todos los trabajadores merecen un reconocimiento a su labor, no se puede considerar que perjudicando mucho a unos y dando migajas a otros se puede suponer un logro sindical o laboral”.