Recientemente, la región del Urabá antioqueño se ve sacudida por una ola de violencia que ha dejado tres víctimas en menos de 24 horas. En Turbo, Chigorodó y Mutatá, la tragedia ha golpeado a comunidades que hoy lloran la pérdida de Argemiro Mayo García, reconocido líder social que dedicó su vida a la defensa de los derechos humanos.
Argemiro Mayo, quien fungía como director de la Casa Juvenil en Mutatá y era parte activa del Consejo Comunitario de Pavarandocito, fue asesinado por sicarios en la zona rural del municipio. El trágico incidente tuvo lugar en el corregimiento Las Caucheras, mientras se desplazaba en un vehículo junto a su hermano. Aunque las autoridades investigan los motivos detrás del crimen, aún no se ha establecido claramente si guarda relación con sus actividades como líder social.
Indepaz ha revelado que Mayo García se suma a la alarmante lista de líderes sociales asesinados en Colombia durante el año 2024. Con este trágico suceso, ya son cinco los defensores de derechos humanos que han perdido la vida en circunstancias similares en lo que va del año, una situación que genera preocupación tanto a nivel nacional como internacional.
Población
La Defensoría del Pueblo, en un informe reciente, señaló que en el 2023 fueron asesinados 181 líderes, lideresas y defensores de derechos humanos en el país. Ante este panorama, el organismo del Ministerio Público ha instado al Gobierno nacional, las administraciones locales y la Fuerza Pública a trabajar de manera conjunta para garantizar la protección de esta vulnerable población durante el 2024.
A nivel internacional, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, ha hecho un llamado urgente al Gobierno Nacional para redoblar esfuerzos en la protección de líderes sociales y firmantes de paz en Colombia. Además, instó a los grupos armados a emprender una desescalada de la violencia, exhortándolos a reducir los enfrentamientos entre ellos y evitar el conflicto con la Fuerza Pública.
La muerte de Argemiro Mayo García no solo enluta a su comunidad en Mutatá, sino que también resalta la necesidad imperante de abordar de manera integral la protección de los líderes sociales en Colombia, un desafío que requiere la colaboración decidida de las autoridades y la atención prioritaria de la comunidad internacional.