Así lo aseguró Umaña Hernández durante el foro ‘Humanización de la Política Penal y Penitenciaria por la dignidad y la garantía de los Derechos Humanos’, realizado en el Salón de la Constitución del Congreso de la República, y que estuvo liderado por la senadora María José Pizarro, al que también asistieron familiares de personas privadas de la libertad y representantes de semilleros universitarios como ‘Cárcel Sociedad y Construcción de Paz’, y de organizaciones como Fundación Empaz, Mujeres Libres, Movimiento Nacional Carcelario, Lazos de Dignidad, entre otras.
“El Gobierno es consciente de que este proyecto (de humanización) no soluciona todos los problemas, pero es necesario», manifestó al explicar que la iniciativa de origen gubernamental no debe llevar a invisibilizar o aminorar las responsabilidades que están en cabeza de otras autoridades.
“Es el Estado en su conjunto el que debe responder sobre la humanización del sistema penitenciario”, insistió Umaña Hernández, quien admitió que no existe un dispositivo legal que se pueda crear en este momento para resolver el Estado de Cosas Inconstitucional declarado por la Corte Constitucional frente al hacinamiento y a las violaciones a los derechos humanos en los establecimientos penitenciarios y carcelarios.
Afirmó que una de las funciones que debe cumplir un proyecto de ley que reforme la política criminal es la apropiación de la discusión, por lo que, siguiendo esa línea, el Ministerio de Justicia ha socialización la iniciativa en audiencias y conversatorios en universidades de Manizales, Medellín, Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta y Pasto.
Umaña Hernández también se refirió a la equidad de género. Al respecto dijo que el sistema penitenciario es cruento frente a todo el mundo, pero especialmente frente a las mujeres, quienes ven comprometida su salud reproductiva y muchas veces llevan encima la carga del hogar al ser cabezas de familia.
También se refirió a la Ley de Utilidad Pública que otorga segundas oportunidades a madres cabeza de familia en condición de marginalidad económica y que cumplen condenas menores a ocho años. Recordó que el Ministerio de Justicia espera tenerla reglamentada para el segundo semestre del presente año. Invitó a “universidades, fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro a suscribir convenios para que estas mujeres puedan ejecutar su trabajo en beneficio de la comunidad en vez de estar privadas de la libertad”, indicó.
Finalmente, enfatizó en que
“Les abrimos la puerta, vengan, acérquense, toquen la puerta del Ministerio de Justicia. Queremos justamente convocar a las conciencias ciudadanas que existen en el país para que las personas que saben cómo es este tema y quieren comprometerse puedan acompañar a una o dos mujeres y abrazar esta iniciativa que nos lleve realmente a demostrar que podemos hacer algo diferente a la pena privativa de la libertad”.