El presidente Gustavo Petro anunció que presentará una nueva reforma tributaria ante el Congreso, luego de que la Corte Constitucional de Colombia declarara inexequible el Decreto 1390 de 2025, con el cual el Gobierno había intentado implementar una emergencia económica para enfrentar la crisis fiscal del país.
Esta será la quinta vez que el Gobierno impulsa una reforma de este tipo, lo que evidencia la dificultad política para lograr su aprobación. El mandatario defendió la iniciativa señalando que busca evitar un deterioro económico mayor y aseguró que permitirá identificar qué sectores políticos respaldan o rechazan las medidas para enfrentar la crisis.
Uno de los puntos centrales de la propuesta es que la carga tributaria recaerá exclusivamente en los sectores más ricos del país, dejando por fuera a trabajadores y poblaciones vulnerables. Petro fue enfático en afirmar que “esta crisis no la puede pagar ni un solo trabajador ni un solo pobre”, marcando así una línea política clara en torno a la redistribución de la riqueza.
En caso de que el Congreso rechace nuevamente la reforma, el presidente planteó un plan alternativo basado en recortes del gasto público, pero enfocados específicamente en recursos que, según él, benefician a los sectores más adinerados. Entre las medidas mencionadas se encuentran:
- Reducir los pagos que el Estado realiza por tasas de interés de la deuda pública.
- Revisar y recortar recursos asociados a los contratos de concesión vial 4G y 5G, argumentando que algunos proyectos no están avanzando pese a tener financiación.
El mandatario aclaró que estos recortes no afectarán el gasto social, ya que este está protegido por la Constitución y es considerado prioritario para su gobierno.
Además, Petro criticó la decisión de la Corte Constitucional, interpretándola como un obstáculo para la obtención de ingresos del Estado y sugiriendo que limita la capacidad del Gobierno para responder a las necesidades económicas y sociales del país.
Un aspecto clave del discurso fue su relación con las víctimas del conflicto armado. El presidente señaló que la falta de recursos dificulta cumplir con las obligaciones de reparación, recordando que existen cerca de ocho millones de víctimas registradas en Colombia. Según sus estimaciones, con el ritmo actual de pagos, el Estado tardaría aproximadamente 120 años en saldar la deuda con estas personas.
En este sentido, el mandatario argumentó que la decisión de la Corte contradice fallos anteriores que obligan al Estado a indemnizar a las víctimas, ya que reduce las herramientas financieras disponibles para cumplir con esas obligaciones.
En síntesis, el anuncio de Petro combina una nueva apuesta por la reforma tributaria, un posible ajuste del gasto público enfocado en los sectores más ricos y una fuerte crítica a las decisiones institucionales que, según el Gobierno, limitan su capacidad de acción. Todo esto en medio de un contexto de tensión política y fiscal, donde el financiamiento del Estado y la atención a las víctimas del conflicto siguen siendo temas centrales.
