Tres hallazgos administrativos, algunos con posible alcance fiscal y disciplinario.
Redacción Extra
Más de un año después de que la Contraloría General de Boyacá revelara irregularidades en el Concejo Municipal de Sogamoso, ciudadanos continúan preguntándose qué pasó con los resultados de ese proceso de control fiscal y si se adoptaron medidas frente a las presuntas irregularidades detectadas. A comienzos de 2025, el ente de control anunció que, tras una Actuación Especial de Fiscalización realizada a la corporación edilicia, se configuraron tres hallazgos administrativos, algunos con posible alcance fiscal y disciplinario, relacionados con el manejo de sesiones y pagos a concejales.
El hallazgo más significativo se relaciona con el pago de 68 sesiones virtuales ordinarias y extraordinarias realizadas por el Concejo. Según explicó en su momento la Contraloría, dichas sesiones se habrían efectuado sin cumplir plenamente la normatividad vigente y sin que existieran actos administrativos debidamente motivados o soportes idóneos que justificaran la realización de las reuniones de manera virtual. Para el organismo de control, la falta de documentos que establecieran con claridad el origen y la causa de la modalidad virtual de las sesiones generaba dudas sobre la legalidad de los pagos realizados por la corporación.
Un segundo hallazgo estuvo relacionado con pagos efectuados por sesiones en las que algunos concejales se encontraban incapacitados médicamente. De acuerdo con la auditoría, en varios casos no se evidenciaron soportes completos o válidos que justificaran la participación o el pago, situación que también fue observada por el equipo auditor. El tercer hallazgo tuvo que ver con sesiones extraordinarias que presuntamente no habrían cumplido todos los requisitos legales establecidos, lo que llevó a la Contraloría a incluirlas dentro de las observaciones administrativas del proceso.
Aunque estos hallazgos fueron anunciados públicamente y generaron debate en su momento, hasta ahora no hay claridad pública sobre el estado actual de los procesos derivados de esas observaciones, ni sobre posibles sanciones, decisiones administrativas o recuperación de recursos.
La situación ha generado inquietud entre ciudadanos y veedores de la ciudad de Sogamoso.
quienes consideran que la transparencia en los resultados de los procesos de control fiscal es clave para fortalecer la confianza en las instituciones. Expertos en control fiscal recuerdan que, cuando se detectan hallazgos de este tipo, el proceso puede derivar en investigaciones de responsabilidad fiscal, traslados a organismos disciplinarios o requerimientos de corrección administrativa, dependiendo de la gravedad de los hechos. Mientras tanto, el silencio institucional alrededor de los resultados finales del caso mantiene abiertas las preguntas de la ciudadanía: qué decisiones se tomaron, si hubo responsables y qué medidas se adoptaron para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse dentro del Concejo de Sogamoso.
