El nuevo presidente de Colombia tomó una decisión contundente que transforma la seguridad nacional. Su administración sepultó definitivamente la política de diálogos anteriores.
El fin de la polémica mesa de negociación
Abelardo de la Espriella liquidó la paz total tras firmar resoluciones que cancelan los procesos con las principales organizaciones armadas criminales. El mandatario revocó el estatus político de estas estructuras ilegales.
El gobierno nacional cerró las mesas de conversación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). También disolvió los diálogos sociojurídicos con disidencias de las FARC y bandas paramilitares.
El presidente argumentó la total ausencia de voluntad real por parte de los delincuentes. Los criminales no recibirán más concesiones del Estado.
Ofensiva militar y mano dura sin tregua
La nueva directriz ordena activar de inmediato todas las órdenes de captura suspendidas. Las fuerzas militares iniciaron bombardeos y asaltos en zonas críticas del territorio colombiano.
La administración reactivó los procesos de extradición contra los principales cabecillas solicitados por la justicia internacional. El mandatario prometió recuperar cada metro de la geografía colombiana usando la fuerza legítima.
Las autoridades reportaron decenas de detenciones e incautaciones masivas de armamento en las últimas horas. El gobierno vigilará estrechamente las áreas afectadas por el narcotráfico y la extorsión.
Un ultimátum definitivo para los criminales
El jefe de Estado envió un mensaje categórico a los integrantes de los grupos armados ilegales. Los insurgentes tienen una última oportunidad para someterse a la justicia ordinaria.
Quienes rechacen el sometimiento legal enfrentarán el poder letal de la fuerza pública. El mandatario asumirá la responsabilidad política total de estas operaciones militares.
Los ciudadanos observan con expectativa el impacto de este radical giro gubernamental. Colombia entra oficialmente en una era de máxima presión institucional contra el terrorismo.
