Condenado por su participación en una red de corrupción en la contratación pública.
Redacción Extra
La Corte Suprema de Justicia condenó a 23 años, 3 meses y 8 días de prisión al senador boyacense Ciro Alejandro Ramírez Cortés, en un fallo que sacude la estructura política regional y reabre el debate sobre la corrupción en la contratación pública en el país. La decisión fue adoptada por la Sala Especial de Primera Instancia, tras una investigación liderada por el magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, quien documentó durante meses el funcionamiento de una red que habría desviado recursos públicos a través de contratos direccionados. El fallo, de 438 páginas, concluye que el congresista no solo tenía conocimiento de las irregularidades, sino que era el principal articulador del entramado.
Según la sentencia, el esquema giraba en torno al Convenio Interadministrativo 670 de 2021, suscrito entre el Departamento de Prosperidad Social y la Empresa para el Desarrollo Territorial Proyecta. A través de este mecanismo, se habrían direccionado contratos de infraestructura en departamentos como Quindío, Tolima y Santander, favoreciendo a contratistas que previamente habrían acordado pagos ilegales o respaldos políticos a la campaña del senador. La Corte encontró responsable a Ramírez por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. En su análisis, el alto tribunal fue enfático en señalar que el caso refleja una “grave distorsión de la función pública”, al convertir programas dirigidos a población vulnerable en instrumentos de beneficio político y económico.
Además de la pena privativa de la libertad, la Corte impuso una multa superior a 19.402 salarios mínimos legales mensuales vigentes —equivalente a más de 22.340 millones de pesos para la época de los hechos—, así como una inhabilitación para ejercer funciones públicas por más de 23 años. El fallo también niega cualquier beneficio como la prisión domiciliaria, lo que obliga al condenado a cumplir la totalidad de la pena en un centro carcelario.
Uno de los elementos más sensibles del caso es su conexión con el denominado entramado de corrupción de “Las Marionetas”, vinculado al fallecido exsenador Mario Castaño, lo que sugiere la existencia de redes más amplias de captura institucional. La Corte consideró que este contexto agrava el impacto del delito, al evidenciar prácticas sistemáticas dentro de sectores de la dirigencia política. Para Boyacá, la condena marca un punto de quiebre. Ramírez, heredero de una estructura electoral consolidada, había logrado posicionarse como una de las figuras más influyentes del departamento en el Congreso. Sin embargo, las pruebas —incluidas interceptaciones y testimonios— evidenciaron que su ascenso estuvo acompañado de prácticas ilegales.
Aunque la defensa aún puede apelar ante la Sala de Casación Penal, el fallo de primera instancia envía un mensaje claro sobre el alcance del control judicial frente a la corrupción política en Colombia y deja una huella profunda en la confianza ciudadana hacia sus instituciones.
